El aumento en las tarifas de agua potable en Nuevo León se convirtió en una de las decisiones más polémicas del actual sexenio, luego de que el gobernador Samuel García utilizara su voto de calidad para imponer el alza sin contar con la aprobación mayoritaria del Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD). A pesar de la abstención de representantes empresariales y de un diputado local que exigían más tiempo para analizar la propuesta, la medida fue implementada desde marzo de 2022, provocando un incremento acumulado en los recibos de hasta 70 por ciento para los hogares del estado.
Esta acción no solo dejó ver la falta de consensos al interior del organismo, sino que también desató críticas por parte de sectores que esperaban una toma de decisiones más responsable y con mayor transparencia. La tarifa no solo se elevó en términos porcentuales, sino que fue acompañada por una nueva cuota de saneamiento, lo que ha impactado directamente en la economía de miles de familias.
Consejo no avaló el aumento
El Consejo de Administración de AyD está integrado por representantes del Gobierno estatal, empresarios, legisladores y otros sectores sociales, quienes tienen la función de revisar y aprobar decisiones estratégicas del organismo. Sin embargo, en la sesión realizada el 7 de marzo de 2022, el proceso de aprobación del ajuste tarifario mostró irregularidades y tensiones internas.
Cuatro de los integrantes del Consejo —representantes de Caintra, Canaco, Caprobi y el Congreso local— se abstuvieron de votar, argumentando que no habían recibido la información con tiempo suficiente para realizar un análisis adecuado. Según consta en el acta de la sesión, se había solicitado que los documentos se entregaran con al menos tres días de anticipación, petición que no fue atendida.
Pese a estas abstenciones, el gobernador Samuel García, quien preside el Consejo, optó por aplicar su voto de calidad, rompiendo el empate y forzando así la aprobación del aumento. La medida se justificó bajo el argumento de una “crisis hídrica” que exigía acciones urgentes. Sin embargo, para diversos sectores, la urgencia no justifica la falta de diálogo ni la imposición sin consenso.
Familias de Nuevo León resienten el alza
Desde que se aplicó el ajuste tarifario, miles de familias en Nuevo León han comenzado a resentir los efectos en sus finanzas. El incremento acumulado en los recibos de agua alcanza ya el 70% para muchos hogares, según se detalla en documentos internos y en publicaciones de medios como El Norte.
El aumento se divide en varias partes: una primera alza del 10 al 40 por ciento, aprobada en esa polémica sesión del Consejo; y una segunda, correspondiente a la cuota de saneamiento, que equivale al 12.5% del consumo total de agua. Esta última sí fue aprobada por la mayoría del Consejo, aunque también generó cuestionamientos por su impacto económico.
El contexto de la decisión, además, generó desconfianza. El acta revela que el gobernador convocó de forma exprés a los consejeros argumentando que debía llevar una propuesta concreta a una reunión con el Presidente de la República para tratar el tema del agua en la entidad. Esto dejó a los consejeros sin posibilidad de estudiar con detalle los efectos del ajuste.
Incrementos, actualizaciones y nueva cuotas de #AguayDrenaje encarecen hasta 70% el servicio para la mayoría de usuarios domésticos. #ElNorteLocal https://t.co/yI3Az9psRr
— elnortelocal (@elnortelocal) June 9, 2025
Empresarios y Congreso al margen
Uno de los puntos que más controversia generó fue la manera en que los representantes empresariales y legislativos fueron prácticamente excluidos de la discusión. Jaime Rodríguez, de Caintra, y otros miembros como Mariano Montero (Canaco), Mauricio Navarro (Caprobi) y el diputado Javier Caballero, expresaron abiertamente que necesitaban más tiempo para evaluar los datos y el impacto del ajuste.
En lugar de contar con un espacio para el análisis conjunto, se enfrentaron a una convocatoria apresurada y sin documentación completa. Esto derivó en que, ante la incertidumbre, optaran por abstenerse en la votación. La abstención generó un empate técnico, pero el Gobernador hizo valer su doble voto, como presidente del Consejo, para imponer la medida en Nuevo León.
Lo que en otras circunstancias sería visto como una acción institucional, fue interpretado por muchos como un uso autoritario del poder. Para diversos actores del sector empresarial, esto sentó un precedente peligroso: las decisiones estratégicas para la gestión del agua se están tomando sin el debido consenso ni diálogo social.
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