Mientras el Gobierno de Nuevo León se desvive en pautas publicitarias para vendernos un estado de vanguardia y “fosfo-fosfo”, la realidad fluye por las venas de los más vulnerables en forma de metal pesado. La reciente confirmación de que 329 niños de los Cendis presentan plomo en la sangre no es solo una crisis de salud; es el epitafio de un discurso humanista de cartón.
Resulta indignante que Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, quien ha construido su imagen pública abrazando niños en Capullos para las cámaras, guarde hoy un silencio sepulcral. ¿Dónde quedó la indignación? ¿Dónde están las historias de Instagram exigiendo justicia para los pequeños de Escobedo, Apodaca, San Nicolás y Monterrey?
Parece que el “amor” por la niñez neoleonesa termina donde empiezan las responsabilidades políticas. No se puede decir que se aboga por los niños cuando se les permite respirar y consumir veneno en sus centros de desarrollo.
El estudio realizado a 1,239 menores es una bofetada a la administración de Samuel García:
329 niños contaminados: El 26.5% de la muestra tiene plomo en el organismo.
83 menores en alerta roja: Niveles de hasta 37 microgramos por decilitro, cuando el límite de seguridad es cero.
Zonas de sacrificio: El Cendi 6 en Escobedo y el Cendi 9 en Apodaca son hoy epicentros de una tragedia silenciosa.
El dato: El plomo en menores de 6 años no es un “incidente”; es una condena al neurodesarrollo. Daños cognitivos, problemas físicos y riesgos mortales que este gobierno parece querer ocultar bajo el tapete de la Secretaría de Salud.
CEDHNL ya abrió expedientes por la violación al derecho a la salud
Un gobierno de excusas, no de soluciones
Mientras la CEDHNL ya abrió expedientes por la violación al derecho a la salud y un medio ambiente sano, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, se limita a decir que “están investigando”.
El estado ha permitido que la industria y el reciclaje de residuos peligrosos operen sin supervisión real
¿Qué hay que investigar? El estado ha permitido que la industria y el reciclaje de residuos peligrosos operen sin supervisión real, convirtiendo el aire y el suelo en una trampa tóxica. La administración de Samuel García ha preferido las inversiones de relumbrón que la fiscalización ambiental efectiva.
Abogar por la niñez no es tomarse una foto con un filtro bonito; es garantizar que un niño pueda ir a su estancia infantil sin terminar con metales pesados en el torrente sanguíneo. Si para el gobierno del estado la salud de 329 niños no es prioridad, entonces su eslogan de “El Nuevo Nuevo León” es, literalmente, puro humo.
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