La máscara del “gobernador ejemplar” terminó de romperse en pedazos de la forma más vergonzosa posible. Tras meses de esconderse detrás de filtros de redes sociales, eventos de relumbrón y discursos contra la “vieja política”, la Auditoría Superior de la Federación tiró la bomba definitiva: formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el desvío descarado de más de 7 mil 200 millones de pesos del dinero de los neoleoneses.
La investigación desnuda el verdadero rostro de la administración emecista: un negocio privado montado para saquear recursos del pueblo y engordar las cuentas del mandatario y su progenitor, Samuel Orlando García Mascorro.
Los reportes entregados a la Cámara de Diputados demuestran que la entidad norteña fue operada como un auténtico botín corporativo. El auditor federal Aureliano Hernández no dejó espacio a la duda al confirmar que el gobierno del estado implementó esquemas de simulación total de operaciones, moviendo sumas brutales hacia constructoras y comercializadoras prestanombres cuyo único objetivo era hacer rebotar los fondos hasta que cayeran en los bolsillos del círculo más íntimo del gobernador.

El laberinto del atraco: cuatro rutas para inflar el despacho de papá e hijo
El informe desmenuza la cloaca financiera que armaron para ordeñar las arcas de la entidad. De la astronómica cifra de 7 mil 200 millones de pesos desviados, la federación ya tiene comprobado el depósito limpio de 928.13 millones de pesos directo a las cuentas bancarias del bufete jurídico de los García, mediante cuatro operaciones milimétricamente planeadas:
- La simulación constructora: La gestión de Samuel García soltó un brutal contrato de 5 mil 851 millones de pesos a una constructora favorita. De inmediato, esa firma trianguló 5 mil 154.6 millones a una segunda razón social, la cual terminó inyectando 385.3 millones de pesos al despacho particular de la familia.
- El camuflaje alimentario: El gobierno liberó 964 millones de pesos a una comercializadora comodín; 237 millones se mandaron a una empresa de alimentos y, sin rubor alguno, 202.9 millones de pesos terminaron depositados en la cuenta de los García, repartiendo el resto entre tres cómplices particulares.
- El truco de los servicios y consultorías: Otros 243 millones de pesos salieron supuestamente para gastos de servicios del estado. Una consultora se prestó a mover 65.5 millones, cobró una comisión de 2.6 millones y remitió los restantes 62.9 millones de pesos al negocio privado de Samuel.
- La compra de equipamiento fantasma: Se dispersaron 154.2 millones de pesos a una proveedora que pagó 144.4 millones a un consorcio de insumos, para cerrar la jugada transfiriendo 77.03 millones adicionales al despacho jurídico.
Mansiones y terrenos de oro a costillas del pueblo sediento
Mientras las colonias de Nuevo León sufrían cortes de agua sistemáticos, un transporte público colapsado y una crisis de inseguridad asfixiante, el gobernador engordaba su patrimonio con cifras de terror. El informe pericial de la fiscalización no deja lugar a dudas: este perverso esquema de drenaje presupuestal le permitió al mandatario concretar la compra de una propiedad de lujo tasada en mil millones de pesos, un monumento al cinismo financiado con las carencias de millones de ciudadanos.

Sinaloa y el mismo manual de desfalco institucional
Para colmo de males, los peritajes de la federación confirmaron que Samuel García no inventó el hilo negro del saqueo, sino que copió al pie de la letra las mañas documentadas en Sinaloa bajo la gestión de Rubén Rocha Moya. En aquel estado, la ASF comprobó que las dependencias públicas adjudicaron contratos a constructoras creadas por los propios hijos del exmandatario, entidades que captaron depósitos desproporcionados, triangularon millones entre sí y hasta cubrieron pagos millonarios a exfuncionarios bajo la farsa de “abonos a préstamos”.
En resumen, la denuncia penal de la ASF destapó el mayor escándalo de corrupción en Nuevo León al comprobar que Samuel García y su padre usaron el gobierno estatal como fachada para triangular más de 7 mil 200 millones de pesos, inyectando casi mil millones a su despacho personal y amasando propiedades extravagantes mientras la población enfrentaba el abandono total.
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