El escenario judicial en el norte del país da un giro determinante. Tras meses de pesquisas financieras, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene integradas tres carpetas de investigación para solicitar órdenes de aprehensión contra el gobernador neoleonés, acusándolo formalmente de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada. De este modo, va FGR contra Samuel García en una embestida legal que promete cimbrar la política regional.
Averiguaciones listas y solicitud de captura
La investigación de la FGR acumula expedientes concluidos que ya fueron turnados al Poder Judicial de la Federación. Dichos documentos incorporan el monitoreo patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera implementó desde 2021 sobre cuentas ligadas a Samuel García, sus socios y su familia, acreditando flujos bancarios atípicos que justifican las solicitudes de captura inmediata para los involucrados.
El proceso para retirar el fuero constitucional
Dado que el mandatario permanece en funciones, las órdenes judiciales no pueden ejecutarse de forma directa sin antes retirar su inmunidad procesal. Por ello, el Ministerio Público federal gestionará el desafuero de Samuel García ante la Cámara de Diputados federal mediante el correspondiente juicio de procedencia, un mecanismo que dejará al titular del Ejecutivo estatal a disposición inmediata de los tribunales.

El esquema financiero y los hallazgos ministeriales
Bajo la supervisión de la fiscal Ernestina Godoy, las autoridades federales desglosan mecanismos de triangulación donde figuran despachos fiscales y firmas fachada. Entre los puntos sobresalientes del expediente figuran:
- Cobros por más de 15 millones de pesos canalizados por empresas investigadas por blanqueo hacia despachos vinculados al núcleo del mandatario.
- Asignación de convenios financiados con recursos públicos a despachos afines para fungir como auditores de la propia administración estatal.
- Denuncias formales que señalan presuntos desvíos y transferencias opacas por montos que rebasan los 1,400 millones de pesos.
Fin a la tregua con el Ejecutivo federal
Estas determinaciones marcan el agotamiento definitivo del escudo político que blindó al mandatario durante el sexenio federal pasado. El respaldo que anteriormente frenó querellas del Congreso local se ha disuelto por completo, dejando vía libre para que los órganos persecutores procedan sin acuerdos de impunidad ni consideraciones partidistas.
Red familiar y funcionarios en el banquillo
La acción legal no concluye con el gobernador; incluye mandamientos de comparecencia y captura contra miembros de su familia y colaboradores del primer círculo del gabinete de Nuevo León. Los juzgados federales revisarán las pruebas que apuntan a una red estructurada para

dispersar partidas presupuestales estatales mediante consultorías privadas.
En resumen, la justicia federal perfila una ofensiva total contra la cúpula del gobierno de Nuevo León mediante tres causas penales sustentadas por la UIF y la fiscalía federal, las cuales demandarán la remoción del fuero de Samuel García, la detención de colaboradores clave y el esclarecimiento de triangulaciones millonarias tras disolverse la protección del centro del país.
¿Consideras que la Cámara de Diputados aprobará el desafuero del gobernador en las próximas semanas?
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