Las alertas políticas y judiciales se han encendido notablemente al norte del país tras confirmarse que Samuel García afronta indagatoria de la FGR por combustible ilegal. La Fiscalía General de la República mantiene un riguroso seguimiento sobre las actividades comerciales, contables y financieras del despacho de abogados operado por los parientes directos del gobernador de Nuevo León. De acuerdo con las carpetas de investigación federales, el bufete familiar experimentó un crecimiento económico atípico y sumamente acelerado que coincidió de manera exacta con el inicio de la actual gestión gubernamental a finales de 2021, lo que despertó profundas sospechas en las unidades de inteligencia financiera de la federación.
La documentación oficial obtenida por las autoridades revela que el negocio familiar, con sede en el municipio de San Pedro Garza García, se especializó durante años en gestionar devoluciones multimillonarias del Impuesto al Valor Agregado para diversas gasolineras, un movimiento que generó ganancias extraordinarias. Las investigaciones federales buscan esclarecer si los miembros de esta oficina tenían pleno conocimiento sobre la procedencia ilícita de los recursos de sus clientes o si existió un esquema de complicidad directa en la estructuración de sus estrategias contables encaminadas a blanquear capitales del mercado negro.
El hermano de Samuel García involucrado en la red de huachicoleo
El hermano de Samuel García, involucrado en la red de huachicoleo, es sospechoso de ser líder y socio del despacho fiscal que prestaba servicios a las empresas investigadas.
Los documentos oficiales integrados por los ministerios públicos de la federación revelan de qué manera operaba a nivel nacional mediante un sofisticado sistema de simulación de contratos. Samuel Orlando García Villarreal, en estrecha colaboración con su padre Samuel García Mascorro, encabeza la Firma Jurídica Fiscal García Mascorro y Asociados, también conocida bajo las siglas de GMA. Esta organización legal, cuyas oficinas comerciales se ubican en el piso 33 de la Torre Helicon, basó su éxito en una estrategia contable muy lucrativa: tramitar devoluciones millonarias de impuestos para diversos expendios de combustibles. Las investigaciones ligan estos servicios con la red delictiva de Los Petrofactureros, liderada por Jesús Ricardo Puente, un operador financiero que inyectó sumas millonarias al despacho de los familiares del jefe del ejecutivo estatal durante las anualidades de 2021 y 2022.
La postura oficial enviada por la dirección de comunicación social del estado sostiene que el gobernador no forma parte de la sociedad de esta firma legal y que los actos de los clientes son ajenos al bufete. Argumentaron detalladamente que la oficina fiscal ofrece sus servicios con honestidad y profesionalismo, afirmando que es responsabilidad de cada cliente conducirse con honorabilidad en sus respectivas actividades comerciales. A pesar de estos deslindes, los fiscales federales analizan minuciosamente el nivel de responsabilidad del bufete familiar para determinar si existía un pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos o una llana complicidad, un factor clave que mantiene a samuel garcía afronta indagatoria de la fgr por combustible ilegal dentro de las carpetas activas de la federación.
Negocios bajo sospecha de contrabando fondearon con millones al bufete
El análisis pormenorizado de los flujos de capital expone cómo múltiples negocios bajo sospecha de contrabando fondearon con millones al bufete contable de los parientes del gobernador. Entre la cartera de clientes que aparecen de forma explícita en las carpetas federales figuran cuatro corporaciones mercantiles clave: Petrolíferos Lobo, Maquiladora de Lubricantes, BSQ Global Corporation y Autotransporte de Cargas Especializados MARVIC. Las auditorías indican que Petrolíferos Lobo se consolidó como el cliente con mayor peso financiero para el despacho, depositando más de 258 millones de pesos mediante 76 transferencias bancarias individuales, la mayoría realizadas cuando la presente administración ya gobernaba Nuevo León. Esta empresa es investigada por el mal uso de pedimentos aduanales de importación.
Las tensiones jurídicas crecieron significativamente a raíz de los recientes operativos de la Fiscalía General de la República en territorio regiomontano, intervenciones que llevaron a la captura de los líderes de Maquiladora de Lubricantes, consorcio que facturó más de 15 millones de pesos al despacho de la familia del mandatario apenas unas semanas después de que este asumiera su encargo. Las carpetas federales confirman que Samuel García afronta indagatoria de la FGR por combustible ilegal a raíz de estos movimientos bancarios sospechosos.
Por otro lado, la firma BSQ Global Corporation, investigada bajo el expediente formal con folio 13173 por delincuencia organizada y defraudación fiscal, transfirió 6.8 millones de pesos a las cuentas de la oficina familiar entre los años 2022 y 2024. Los reportes oficiales vinculan a esta empresa con redes de introducción ilegal de diésel por los principales puertos marítimos del país, operando bajo supuestas protecciones políticas de altos mandos en el pasado. Finalmente, se detectaron facturas menores por 69,900 pesos emitidas a favor de MARVIC, una transportista cuyo propietario es investigado por contrabando de gasolinas desde Estados Unidos y que sufrió un percance operativo por la explosión de una planta en Cadereyta.
Los clientes del sector energético representan la cuarta parte de los ingresos
Los balances financieros revisados por las autoridades federales evidencian que los clientes del sector energético representan la cuarta parte de los ingresos de la firma legal, convirtiéndose en el motor de su enriquecimiento. Las declaraciones del negocio revelaron ingresos nominales de 144 millones de pesos en 2024 y 161 millones de pesos en el transcurso del año 2025. De forma global, el entramado completo de despachos fiscales de la familia gubernamental —donde el mandatario estatal figura como socio en una de las firmas— percibió un gran total de 1,781 millones de pesos durante la actual administración. De esa cantidad, exactamente el 26 por ciento se justifica netamente por las asesorías especializadas a estas firmas energéticas indagadas por lavado de dinero y contrabando, explotando vacíos contables en el cobro del impuesto especial de producción y servicios con clientes como NRA Latinoamérica, que facturó 78.4 millones de pesos.
Este panorama financiero coincide con alertas internacionales publicadas por el FinCEN de Estados Unidos, organismo que ubica a Monterrey como un territorio crítico para el blanqueo de activos del mercado negro de hidrocarburos operado por mafias del crimen organizado. Debido a estos hallazgos, legisladores del Congreso local formalizaron un procedimiento penal contra el mandatario estatal por presunto enriquecimiento ilícito ante las instancias hacendarias federales con la intención de removerlo del cargo político. Samuel García afronta indagatoria de la FGR por combustible ilegal debido a los polémicos contratos de su círculo íntimo y los ciudadanos se preguntan si existirá justicia, si México hará algo o simplemente cerrará los ojos.
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