El Gobierno estatal de Nuevo León anunció una nueva propuesta que incrementaría la tarifa de transporte público para quienes paguen en efectivo. Conocida como “tarifa de castigo”, este aumento llevaría el costo a 20 pesos, mientras que quienes utilicen medios electrónicos, como la tarjeta o la app Urbani, pagarían 17 pesos. Esta medida busca reducir el uso del efectivo en el sistema de transporte y podría entrar en vigor en enero de 2024, una vez que sea aprobada por los organismos correspondientes.
Objetivo: reducir el uso del efectivo
El secretario de Movilidad estatal, Hernán Villarreal, explicó que esta iniciativa tiene como meta disminuir el uso del efectivo al 10% del total de transacciones en el transporte público, una cifra muy lejana al actual 90% de usuarios que aún prefieren este método de pago.
Según la Secretaría, incentivar el uso de medios electrónicos no solo agilizaría el proceso de abordaje, sino que también permitiría un mejor control de los ingresos del transporte público y ayudaría a modernizar el sistema. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por el impacto que podría tener en los pasajeros, muchos de los cuales dependen del efectivo debido a su accesibilidad.
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) presentó formalmente la propuesta, que también aplicaría a los camiones verdes del Estado, a pesar de que supuestamente estos ya aceptan únicamente pagos electrónicos desde agosto. La medida será revisada por el Consejo Consultivo y la Junta de Gobierno del IMA, donde se decidirá si se implementa a partir de 2024.
Consecuencias para los pasajeros
El aumento en la tarifa para los pagos en efectivo ha generado preocupación entre los usuarios del transporte público, quienes ya enfrentan un contexto de constantes incrementos en los costos. Gilberto Reyes, operador de transporte pesado, señaló que, aunque entiende los beneficios del pago electrónico, el efectivo sigue siendo la opción más viable para la mayoría de los usuarios debido a la falta de acceso a tarjetas o aplicaciones.
La propuesta también refleja una estrategia para promover el uso de tecnologías digitales en un sector que, históricamente, ha dependido del efectivo. Sin embargo, críticos argumentan que la medida puede ser vista como punitiva para aquellos que no tienen la posibilidad de migrar a sistemas electrónicos, ya sea por falta de recursos, educación tecnológica o infraestructura adecuada.
El incremento a 20 pesos para pagos en efectivo representa un golpe adicional para los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico complicado. Mientras tanto, el costo de 17 pesos para pagos electrónicos también representa un aumento respecto a tarifas anteriores, lo que ha provocado cuestionamientos sobre a quién benefician realmente estas medidas.
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La implementación de la “tarifa de castigo” pone de relieve las tensiones entre modernización y accesibilidad en el transporte público. Mientras el gobierno promueve el uso de medios electrónicos, miles de usuarios temen que esta medida solo agrave la inequidad en el sistema. La propuesta sigue en revisión, pero el debate sobre sus posibles consecuencias ya está en marcha.
