La deuda millonaria que dejó el proyecto El Cuchillo 2 en Nuevo León ha vuelto a colocar los reflectores sobre los funcionarios cercanos a Samuel García. El más reciente golpe fue la remoción de Humberto Panti, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), tras revelarse una cadena de irregularidades en el financiamiento del acueducto.
Según documentos públicos y análisis de especialistas, el proyecto, que originalmente debía costar alrededor de 8 mil millones de pesos, terminó superando los 15 mil millones, debido a un esquema de financiamiento excesivamente caro, con tasas de interés de hasta 28%. Esto representa un sobrecosto de más del 80%, algo inédito en una obra financiada con recursos públicos en el estado.
Lo más preocupante es que el modelo de deuda utilizado compromete los ingresos de AyD durante al menos una década. Más del 50% de esa deuda será heredada por la siguiente administración estatal, lo que ha sido calificado por organismos ciudadanos como una irresponsabilidad financiera sin precedentes.
La Red De Corrupción Alrededor De Telerma
Aunque la remoción de Humberto Panti fue atribuida al escándalo de El Cuchillo 2, su nombre ya había aparecido desde 2022 en una investigación periodística que expuso contratos irregulares entre el gobierno estatal y una empresa fantasma llamada Telerma.
De acuerdo con el reportaje, Telerma fue constituida en tiempo récord por una ama de casa y una trabajadora de maquila, quienes fungieron como prestanombres. La empresa no tenía experiencia previa, ni historial comercial, y aun así recibió contratos por más de 20 millones de pesos por supuestos servicios de “comunicación creativa”.
Entre los funcionarios que autorizaron esos contratos se encuentra Humberto Panti, junto con Glen Villarreal Zambrano, entonces coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Este último es hoy diputado local suplente de Movimiento Ciudadano, cargo desde el cual goza de fuero y protección política.
Glen Villarreal, El Operador Blindado
La figura de Glen Villarreal Zambrano ha generado controversia desde el inicio del sexenio de Samuel García. Su paso por la Coordinación de Comunicación Social fue breve, pero durante ese tiempo se firmaron los contratos con Telerma, sin licitación pública y con criterios poco claros.
Pese a las denuncias presentadas y la evidencia mediática, Glen Villarreal nunca fue sancionado ni vinculado a proceso. Hoy sigue activo en la política como diputado suplente, protegido por el fuero y el respaldo del partido Movimiento Ciudadano.
Diversos analistas y representantes de la sociedad civil han señalado que su caso ejemplifica cómo se blindan a los operadores cercanos al poder, incluso cuando hay evidencia de corrupción, desvío de recursos y contratos amañados.
El Costo Real Para Los Ciudadanos
Mientras los funcionarios señalados mantienen sus cargos o reciben protección, la ciudadanía de Nuevo León es quien paga las consecuencias. Desde la entrada en operación del nuevo esquema de financiamiento, se han reportado incrementos graduales en los recibos del agua. Aunque las autoridades justifican los aumentos con argumentos técnicos, lo cierto es que gran parte de estos recursos están siendo utilizados para pagar la deuda heredada por El Cuchillo 2.
Además, la gestión de Agua y Drenaje de Monterrey se ha visto envuelta en nuevas polémicas por reservar la información de su más reciente proyecto: el Reúso Potable Indirecto, cuya inversión se estima en más de 27 mil millones de pesos. La negativa a transparentar los contratos, costos y condiciones financieras ha reforzado la percepción de que se podrían repetir los mismos esquemas de corrupción y simulación.
La Protección Política De Movimiento Ciudadano
El caso de Glen Villarreal y Humberto Panti ha puesto en duda el verdadero compromiso del gobierno estatal con el combate a la corrupción. Aunque Samuel García ha hecho múltiples declaraciones públicas sobre la transparencia y la rendición de cuentas, los hechos demuestran lo contrario.
Tanto Panti como otros exfuncionarios implicados en contratos irregulares han logrado evitar sanciones gracias a suspensiones judiciales, amparos y vacíos legales. Y mientras uno fue removido discretamente, el otro sigue en funciones y con fuero, a pesar de haber firmado contratos con una empresa fantasma y estar involucrado en el endeudamiento histórico de AyD.
Para muchos ciudadanos y líderes de opinión, el caso representa una red de impunidad institucionalizada en la que los responsables de malversar recursos públicos no solo quedan libres, sino que continúan beneficiándose del sistema.
Las Voces Que Exigen Justicia
Organizaciones como Cómo Vamos Nuevo León, Verificado y colectivos de transparencia han exigido que se realice una auditoría independiente a El Cuchillo 2 y al caso Telerma, así como una revisión completa de los contratos asignados por AyD durante los últimos tres años.
También se han solicitado acciones legales concretas contra los responsables, y que el Congreso local y la Fiscalía estatal actúen con imparcialidad y sin presiones políticas. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido respuesta oficial ni indicios de que se pretenda abrir una investigación seria contra Glen Villarreal Zambrano o su círculo cercano.
El Gobierno de Samuel Que Premia La Corrupción
El caso Panti-Villarreal no es un hecho aislado, sino parte de una serie de irregularidades en el actual gobierno estatal, en donde la rendición de cuentas parece ser opcional para quienes están cerca del poder.
Movimiento Ciudadano, que se presentó como una alternativa joven, transparente y moderna, hoy carga con señalamientos por desvíos, simulaciones y blindaje a funcionarios corruptos, lo cual ha generado decepción entre miles de ciudadanos que votaron por un cambio real.
Nuevo León Paga, Ellos Cobran
Mientras Humberto Panti fue removido en silencio, Glen Villarreal sigue cobrando como diputado, blindado por el fuero y respaldado por el gobernador. La deuda de El Cuchillo 2 marcará el presupuesto del estado por más de una década, y los contratos fantasma como el de Telerma siguen impunes.
La corrupción se paga con dinero público.
Y en Nuevo León, la impunidad se premia con cargos y fuero.
