El organismo Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sigue en el centro de la controversia tras confirmar que continuará realizando cargos adicionales a los usuarios por trabajos de reparación solicitados, a pesar de haber eliminado el concepto polémico conocido como “cobro expediente”.
Aunque en su momento se anunció que este cobro expediente sería eliminado, la realidad es que solo se eliminó el nombre. Las tarifas por reparaciones seguirán apareciendo en los recibos de los usuarios, bajo nuevos términos y con mayor claridad, según señalaron las autoridades.
El Consejo de Administración de AyD aprobó en marzo pasado un tabulador detallado con precios para los distintos tipos de trabajos que el organismo realiza a petición de los ciudadanos. Estos montos pueden ir desde poco más de mil pesos hasta cerca de 11 mil pesos, dependiendo de la complejidad de la intervención.
Tarifas Que Generan Inquietud Entre Usuarios De AyD
Los nuevos cobros consideran varios elementos: el salario del personal que se encarga de la reparación, el costo de los materiales utilizados y el uso de herramientas, vehículos o maquinaria necesaria para cada maniobra.
Por ejemplo, el destape de un registro de drenaje ubicado en la vía pública frente a un domicilio tendrá un costo mínimo de mil 19 pesos si se utiliza equipo manual como varillas o émbolos. Si el destape requiere un equipo especializado de agua a presión, el precio se eleva a 2 mil 584 pesos.
Cobros Por Otros Servicios Comunes
Otras reparaciones también implican cargos específicos. La reposición de una llave de banqueta tendrá un costo de mil 16 pesos, mientras que la reparación de una toma de agua dañada se cobrará en mil 419 pesos.
Además, el cambio de un medidor de agua dañado asciende a mil 493 pesos, y el servicio más costoso es la modificación del ramal de drenaje, el cual tendrá un precio de 10 mil 943 pesos.
Estas tarifas han sido catalogadas como “trabajos facturables” y aparecerán en el recibo de los usuarios de manera adicional al consumo mensual de agua y las cuotas regulares.
Origen Del “Cobro Expediente”
El origen de la controversia se remonta a diciembre pasado, cuando usuarios comenzaron a reportar la aparición de un concepto desconocido en sus recibos: el “cobro expediente”.
En ese momento, ni el propio director del organismo, Juan Ignacio Barragán, pudo explicar con claridad el motivo de este cargo.
Posteriormente, AyD argumentó que se trataba de un cobro histórico, vigente desde 1956, y que correspondía a reparaciones realizadas en los domicilios de los usuarios.
Sin embargo, muchos usuarios denunciaron que los cargos se aplicaban incluso por reparaciones realizadas en la vía pública, a varios metros o cuadras de sus casas. Estas quejas encendieron la indignación y llevaron al Consejo de Administración a revisar el tema con mayor detalle.
Revisión Y Cambio De Nombre
Tras las fuertes críticas, el Consejo de Administración se reunió el pasado 14 de febrero, donde algunos de sus integrantes anunciaron la supuesta eliminación definitiva del “cobro expediente”.
No obstante, la realidad fue diferente. Lo que se eliminó fue el nombre, pero no el cobro en sí. En la práctica, las tarifas por reparaciones continúan aplicándose y solo cambiaron de formato y denominación.
En la sesión posterior, realizada el 5 de marzo, se formalizó un nuevo acuerdo. Según este documento, difundido recientemente en el portal oficial de AyD, se estableció que los cobros por trabajos realizados deberán describirse con mayor claridad en los recibos.
Mayor Transparencia En La Facturación
El nuevo formato de facturación obligará al organismo a detallar el concepto exacto de cada trabajo realizado. Además, cada factura incluirá un código QR, que permitirá al usuario consultar los costos específicos y los criterios de aplicación de cada servicio.
Este cambio busca transparentar el proceso y reducir la confusión entre los ciudadanos, quienes en repetidas ocasiones han expresado su molestia por no entender los cargos adicionales que aparecían en sus facturas.
Preocupación Y Críticas De Usuarios
A pesar de las medidas anunciadas, el descontento de los usuarios no ha disminuido del todo. Para muchas personas, el hecho de mantener estos cobros significa una carga económica adicional que, en algunos casos, consideran injustificada.
Los ciudadanos han insistido en que varias de estas reparaciones son necesarias debido a fallas en la red general y no por daños ocasionados por los propios usuarios. Por ello, argumentan que no deberían ser ellos quienes asuman el costo total.
¿Qué Argumenta AyD?
Por su parte, AyD sostiene que los trabajos facturables son intervenciones que benefician directamente a los usuarios y que, por ley, deben ser cubiertos por quienes los solicitan.
El organismo asegura que, si bien algunas reparaciones pueden realizarse en la vía pública, se derivan de reportes específicos de ciertos domicilios y, por lo tanto, el cargo debe dirigirse a quienes generaron el aviso.
Además, explican que el tabulador de precios aprobado en marzo contempla costos reales, que incluyen materiales, mano de obra y el uso de equipo especializado. Según el organismo, se busca evitar subsidios cruzados y garantizar un servicio más eficiente y sostenible.
Futuro De Los Cobros Y Expectativas En AyD
El acuerdo aprobado establece un plazo máximo de 60 días naturales para que el organismo elabore y publique un documento claro y accesible donde se expliquen los conceptos y montos de los trabajos facturables.
Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene atenta a los cambios en sus recibos y espera que el compromiso de transparencia se cumpla en tiempo y forma.
Llamado A La Vigilancia Ciudadana Ante Los Cargos
Diversos colectivos y asociaciones civiles han invitado a los usuarios a revisar cuidadosamente sus facturas y a exigir explicaciones detalladas en caso de dudas.
La participación ciudadana será clave para asegurar que las nuevas medidas de transparencia realmente se apliquen y que no se utilicen términos confusos que generen desinformación.
El caso de AyD refleja la importancia de la comunicación clara entre organismos públicos y ciudadanía. La confianza se construye con información precisa y procesos transparentes, sobre todo en servicios tan esenciales como el agua.
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