La política del espectáculo tiene una memoria muy corta, especialmente cuando los reflectores exponen una tragedia que la narrativa oficial intenta sepultar. Hoy se cumplen exactamente dos años de aquel fatídico 22 de mayo de 2024, un día que quedó marcado no solo por el colapso de un escenario en el campo de béisbol de El Obispo, en San Pedro Garza García, sino por la posterior exhibición de indiferencia, burocracia y abandono institucional por parte de las figuras más visibles de Movimiento Ciudadano (MC).
Mientras el gobernador de Nuevo León, Samuel García, continúa concentrado en agendas de promoción personal y viajes de negocios, y su esposa, la hoy funcionaria o eterna influencer Mariana Rodríguez, inunda las pantallas con imágenes estilizadas y narrativas de empatía digital, la realidad a ras de suelo es devastadora. Detrás de los filtros de Instagram y los discursos de la “nueva política”, las familias de las 10 personas que perdieron la vida y los más de 240 heridos siguen esperando una justicia que parece no llegar nunca.
El día en que la “nueva política” huyó del escenario
Para entender la magnitud de la indignación actual, es necesario volver a la noche del desastre. El mitin político de cierre de campaña de Jorge Álvarez Máynez, entonces candidato presidencial de MC, y de Lorenia Canavati, aspirante a la alcaldía de San Pedro, se convirtió en una trampa mortal. Ante la llegada de ráfagas de viento que ya habían sido pronosticadas, la estructura del escenario se vino abajo, aplastando a cientos de simpatizantes que se habían congregado confiando en las medidas de seguridad del evento.
Las imágenes que dieron la vuelta al país no solo mostraron el horror del derrumbe, sino también una metáfora visual del liderazgo emecista: el candidato presidencial y los líderes del partido corriendo en sentido contrario para ponerse a salvo, dejando atrás a la multitud que los apoyaba. El saldo inmediato fue de ocho personas fallecidas en el lugar, una cifra que posteriormente ascendió a diez víctimas mortales, además de 246 personas heridas, muchas de ellas con secuelas de por vida.
En los días posteriores, la maquinaria de relaciones públicas del gobierno estatal se activó a su máxima capacidad. Samuel García y Mariana Rodríguez recorrieron hospitales, prometieron indemnizaciones exprés de 400 mil pesos para las familias de los fallecidos y 100 mil pesos para los lesionados, presentándose como los salvadores ante una desgracia que ocurrió, irónicamente, en un evento de su propio partido político.
Hoy, a 24 meses de distancia, las promesas se las llevó el mismo viento que derribó la estructura.
Un proceso penal congelado en la burocracia
La indignación de los afectados no solo radica en el dolor de la pérdida, sino en el descarado estancamiento del proceso judicial. Aunque peritajes realizados por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) evidenciaron graves y negligentes fallas en la instalación y supervisión del escenario, el avance en los tribunales federales y locales es prácticamente nulo.
Hasta el momento, cuatro servidores públicos —dos elementos de Protección Civil de San Pedro y dos de Protección Civil del Estado— han sido vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos con carácter culposo. Sin embargo, estas vinculaciones no han pasado de ser un movimiento en el papel para calmar las aguas políticas. El proceso se encuentra completamente congelado en la etapa de audiencia intermedia desde agosto del año pasado.
Las tácticas dilatorias han sido la constante. Las audiencias se reprograman una y otra vez debido a la inasistencia de los acusados o de sus representantes legales. El ejemplo más reciente de esta displicencia institucional ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando el juez estatal Luis Eduardo Hernández difirió la audiencia hasta el próximo 29 de junio a las 12:00 horas. ¿El motivo? La ausencia de un asesor jurídico de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, un organismo que depende directamente del DIF estatal. Es decir, el propio aparato gubernamental frena, por omisión o estrategia, el avance de la justicia.
“Perdimos a un familiar. Perdimos un padre de familia, un abuelo, un papá, una mamá… Es una burla cargar con el dolor de dos años y que cada año te estén removiendo lo mismo”, expresó con impotencia María Luisa Escalera, exesposa de Alejandro Gámez, uno de los ciudadanos que acudió al mitin y nunca regresó a casa.
El corte de caja del abandono: Sin apoyo y sin respuestas
El desamparo económico y médico es la otra cara de esta impunidad. Aquellas indemnizaciones anunciadas con bombo y platillo por la administración de Samuel García resultaron ser paliativos temporales que no cubren los gastos médicos a largo plazo de quienes sufrieron amputaciones, fracturas severas o traumas psicológicos.
Numerosos lesionados perdieron sus empleos debido a las incapacidades prolongadas y hoy enfrentan la crisis económica sin el soporte del Estado, que simplemente decidió cerrar la ventanilla de ayuda. Al ser cuestionadas formalmente sobre las condiciones actuales de los heridos, el monto total ejercido en apoyos y el padrón real de beneficiarios, las autoridades del Gobierno de Nuevo León optaron por el silencio. No hay datos transparentes, no hay rendición de cuentas; solo el vacío informativo.
Mientras tanto, la agenda pública del Ejecutivo estatal se mantiene enfocada en la simulación de la prosperidad. Los viajes al extranjero, las publicaciones de los vehículos de lujo y las selfies en redes sociales contrastan de manera obscena con las condiciones de vida de las víctimas de El Obispo. Para el partido de la “fofofolítica”, la tragedia parece haber sido reducida a un daño colateral de campaña, un bache en el camino que prefieren ignorar con la esperanza de que la opinión pública lo olvide.
A dos años del colapso, el caso de San Pedro es el recordatorio de que la pirotecnia digital de Movimiento Ciudadano no puede tapar la realidad. Las diez vidas perdidas y las decenas de familias fracturadas exigen que la justicia penal deje de ser rehén de las agendas electorales y de las complicidades gubernamentales. La tragedia de MC cumple dos años, y la impunidad, lamentablemente, sigue intacta.
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