La promesa de transformar la movilidad en el área metropolitana de Nuevo León se enfrenta hoy a una realidad incómoda: las obras del Metro, uno de los proyectos emblemáticos de infraestructura del actual sexenio, han registrado un aumento del 57% en su presupuesto inicial, sin que se conozcan explicaciones técnicas claras que respalden dicho encarecimiento.
Lo que comenzó como un plan ambicioso de expansión del transporte público en Nuevo León ha derivado, según especialistas y legisladores, en un caso más de sobrecosto y posible improvisación administrativa. El proyecto ha transitado rápidamente de ser una solución esperada a convertirse en una fuente constante de dudas, controversia y presión pública.
De acuerdo con documentos oficiales, el contrato de construcción será modificado para añadir más de 5 mil millones de pesos por trabajos denominados como “extraordinarios”. La cifra, por sí sola, ha sido suficiente para que diversos sectores empiecen a cuestionar la viabilidad financiera del proyecto y la gestión general de los recursos públicos involucrados.
Costos inflados en obras del Metro
Desde su anuncio, las Líneas 4 y 6 fueron presentadas como parte de un plan integral de tres nuevas líneas de Metro. Sin embargo, el alcance se ha reducido con el paso del tiempo y hoy sólo se ejecutan dos líneas, lo que ha generado desconcierto al compararlo con el aumento del gasto.
En contraste con el presupuesto actual, en febrero pasado las autoridades aseguraban que una deuda de 8 mil millones de pesos sería suficiente para cubrir los gastos esenciales del proyecto. No obstante, ahora se plantea solicitar un crédito mayor a los 10 mil millones, que se respaldará con los ingresos de la Red Estatal de Autopistas (REA), comprometiendo recursos a largo plazo que podrían afectar otras áreas clave como salud, infraestructura básica o seguridad.
Lo que más preocupa a los observadores es la falta de claridad sobre el destino de los recursos adicionales y la escasa información sobre las características de los trabajos extraordinarios que elevaron el costo.
Críticas por fallas en la planeación inicial
Uno de los principales señalamientos es que el proyecto se puso en marcha sin contar con un proyecto ejecutivo completo, lo que ha provocado una cadena de decisiones técnicas mal sustentadas y ajustes presupuestales sobre la marcha. A eso se suma la crítica al modelo “llave en mano”, que entrega gran parte del control operativo al proveedor sin tener los estudios previos totalmente desarrollados.
La elección del sistema de monorriel en lugar de tren subterráneo también ha sido motivo de polémica, ya que representa una solución más costosa y con limitaciones técnicas, según han expresado voces expertas. En ese sentido, el proceso de toma de decisiones ha sido calificado como precipitado y carente de análisis integral, lo que ahora se refleja en el incremento del costo.
Deuda creciente, transparencia ausente
La preocupación por el manejo financiero no es nueva. En otros proyectos recientes, como la Presa Libertad o el Acueducto El Cuchillo II, también se han reportado incrementos importantes en los costos finales respecto al presupuesto original. Estas desviaciones han generado la percepción de que no existe un mecanismo efectivo de control presupuestal ni un sistema confiable de rendición de cuentas.
La reciente solicitud de una nueva deuda millonaria ha reavivado este debate. Voces del Congreso han pedido al Gobierno estatal que presente un informe detallado sobre la situación del proyecto, las modificaciones contractuales y los compromisos financieros adquiridos.
Desde la ciudadanía también han comenzado a crecer las expresiones de inconformidad, especialmente en redes sociales, donde se ha señalado que, pese a los millones invertidos, no hay avances visibles en la infraestructura ni mejoras palpables en el transporte público.
¿Qué sigue para las obras del metro?
Mientras la obra avanza lentamente, lo hace también la desconfianza. La falta de comunicación por parte del Ejecutivo estatal sobre los motivos del aumento de costo alimenta las sospechas de falta de previsión o incluso de posible uso inadecuado de recursos.
Además, la estrategia de financiar los sobrecostos con deuda pública respaldada por ingresos futuros limita la capacidad del Estado para enfrentar otras necesidades sociales, y pone en entredicho la sostenibilidad financiera de la inversión.
Hoy, el Gobierno tiene frente a sí un desafío doble: cumplir con la promesa de mejorar la movilidad, y al mismo tiempo, rendir cuentas claras sobre un proyecto que podría marcar —para bien o para mal— el legado de su gestión.
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