Durante los últimos meses, el gobierno de Samuel García ha comenzado a enfrentar una fuerte crisis de confianza con el sector empresarial en Nuevo León, una relación que históricamente ha sido clave para la prosperidad económica del estado. Las tensiones se han agudizado no solo por los datos inflados de inversión extranjera directa, sino también por presiones políticas desde la Secretaría de Medio Ambiente, lo que ha encendido alarmas entre empresarios nacionales y extranjeros que antes veían a la entidad como una de las más atractivas para invertir.
Lejos de mejorar el clima de negocios, las acciones del gobierno estatal han provocado desconfianza y preocupación en el sector privado. La principal causa: la diferencia abismal entre lo que el gobernador declara públicamente y los datos oficiales. En medio de un discurso ambientalista que muchos acusan de ser meramente político, el Ejecutivo ha promovido clausuras y operativos que han sido señalados por empresarios como medidas arbitrarias, sin fundamentos técnicos ni legales.
Cifras Oficiales De Inversión Extranjera Contradicen A Samuel García
Una de las principales causas del descontento se encuentra en los reportes sobre inversión extranjera directa (IED) en el estado. Mientras el gobernador asegura que su administración ha captado más de 68 mil millones de dólares en tres años, las cifras proporcionadas por la Secretaría de Economía federal indican que la inversión real no supera los 10.2 mil millones de dólares en ese mismo periodo.
Esta diferencia representa un engaño de más del 600%, que ha despertado sospechas entre analistas y empresarios. Si fuera cierta la cifra que repite Samuel García en giras, informes y espectaculares, significaría que Nuevo León atrajo casi el 70% de toda la inversión extranjera del país, algo que claramente no ocurre. El promedio anual real es de apenas 3.4 mil millones de dólares, muy lejos de los 22 mil millones anuales que el gobierno presume.
Para muchos inversionistas, la estrategia del gobernador podría estar dirigida a generar una percepción positiva, pero en la práctica ha comenzado a erosionar la credibilidad del estado. Este escenario es particularmente delicado en el contexto del nearshoring, donde las decisiones de inversión se basan en la confianza, estabilidad y transparencia.
Mal Clima En La Secretaría de Medio Ambiente
Además de las cifras cuestionadas, otro foco de tensión ha surgido en torno a la Secretaría de Medio Ambiente de Samuel García, señalada por empresarios de promover clausuras exprés y operativos arbitrarios, supuestamente bajo una política ambiental estricta.
Empresas consolidadas como Ternium, Zinc Nacional, Cemex, Pyosa y varias constructoras han sido objeto de inspecciones y sanciones que, según los afectados, carecen de sustento técnico y legal. Aunque algunas de estas compañías han registrado incidentes ambientales en el pasado, los empresarios cuestionan la desproporción de las medidas tomadas por el gobierno estatal, sobre todo cuando no hay respaldo por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que es la autoridad nacional en la materia.
De fondo, se denuncia que estas acciones están motivadas por intereses políticos y posibles fines recaudatorios. Empresarios afirman que se les está solicitando “apoyo económico” bajo amenaza de clausura, lo que ha generado un clima de incertidumbre y temor en el sector industrial.
En medio de estas acusaciones, se dio el relevo del titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, quien se había negado a participar en clausuras sin fundamentos técnicos. En su lugar fue designado Raúl Lozano Caballero, exdiputado de Movimiento Ciudadano, en una decisión que fue interpretada como una jugada política.
Durante su presentación, Lozano advirtió: “En Nuevo León no solo el que contamina va a pagar, también va a terminar en la cárcel”, lo que dejó ver un tono más punitivo que conciliador.
Desconfianza Hacia Samuel García Frena Inversión Y Empleo
Las decisiones unilaterales y el discurso oficial han comenzado a afectar la percepción de Nuevo León como un destino seguro para la inversión. Algunos empresarios aseguran que ya están considerando reubicar operaciones a entidades como Querétaro, Guanajuato, Coahuila o Jalisco, donde hay mayor certidumbre legal y un mejor diálogo con las autoridades.
Más allá de las cifras, lo que preocupa al sector privado es que el gobierno estatal utilice la política ambiental con fines partidistas, cierre empresas para obtener recursos o presión política, y que la conducción de secretarías estratégicas se base en ambiciones electorales rumbo al 2027.
El mal ambiente ha encendido alertas en cámaras empresariales, y podría poner en riesgo miles de empleos. La desconfianza no solo afecta la llegada de nuevas inversiones, sino que también amenaza el cumplimiento de contratos, compromisos de producción y el funcionamiento de cadenas de suministro.
La situación actual exige que el gobierno estatal revise sus estrategias y recupere la confianza de quienes generan empleos, producción y desarrollo económico en la región. La aplicación de la ley ambiental debe ser equitativa, técnica y libre de tintes políticos. De lo contrario, el costo a mediano plazo podría ser más alto de lo que se imagina.
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