A medida que las elecciones se acercan, las promesas políticas se multiplican, pero lamentablemente, también lo hacen las violaciones a la ley electoral. Es el caso del candidato Samuel García, quien una vez más ha desatado la indignación al anunciar un supuesto aumento en el apoyo para el transporte público. Sin embargo, este anuncio levanta una pregunta clave: ¿De dónde proviene realmente ese dinero?
Aumentan Dávidas… y Costo de Metro
La reciente actualización de costos en el Metro de Monterrey arroja luz sobre esta cuestión. Con un nuevo incremento en las tarifas, los usuarios se enfrentan a un gasto adicional en un momento en que las familias regresan a Nuevo León después del periodo de vacaciones de Semana Santa. El costo de un viaje en el Metro ahora asciende a 7.70 pesos, mientras que la tarifa integrada, que incluye viaje en Metro y Transmetro, se eleva a 15 pesos.
Este aumento, que se repite mes a mes desde 2022, forma parte de un patrón de incrementos graduales implementados por Metrorrey. Inicialmente presentado como una medida para mejorar el servicio y ampliar la cobertura, este modelo de ajuste tarifario parece haber dejado a muchos ciudadanos insatisfechos. Las críticas apuntan a las deficiencias persistentes en el servicio, que van desde las demoras entre trenes hasta problemas al pagar o recargar saldo en las tarjetas. Además, los escándalos que involucran a los guardias de las estaciones han generado una creciente desconfianza en la gestión del sistema de transporte.
Samuel García no Muestra Transparencia
Mientras tanto, las autoridades pertinentes, como el Instituto de Movilidad y el Metro de Monterrey, no han proporcionado una justificación clara sobre cómo se administran los beneficios de este aumento tarifario. Es evidente que, en última instancia, este dinero proviene de los impuestos de los ciudadanos, quienes están cada vez más frustrados al ver cómo se utilizan sus recursos para financiar campañas políticas y mantener un servicio de transporte que deja mucho que desear.
En medio de este panorama, organizaciones como el Consejo Cívico y otros organismos han denunciado enérgicamente estas prácticas como un delito que merece ser castigado. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan vigilantes y exijan transparencia y rendición de cuentas a sus representantes políticos. No podemos permitir que Samuel García y otros actores políticos continúen aprovechándose del erario público y afectando el bolsillo de los ciudadanos con decisiones que carecen de legitimidad y beneficio real para la comunidad. Es hora de poner fin a estas prácticas corruptas y trabajar hacia un sistema político y de transporte público que realmente sirva a los intereses y necesidades de la ciudadanía.
