El Gobierno de Nuevo León está en el centro de una polémica tras otorgar un contrato de 3,300 millones de pesos a Ego Móvil, una empresa con un historial de inactividad por casi dos décadas. Este acuerdo, destinado al arrendamiento de 600 camiones, ha generado cuestionamientos debido a las irregularidades que rodean el proceso, desde la selección de la empresa hasta el cumplimiento de sus obligaciones.
Empresa sin experiencia ni actividad económica
Ego Móvil, creada en Querétaro en 2004, permaneció sin actividad económica documentada hasta 2023. Según datos del Registro Público de Comercio, la compañía no reportó ingresos entre 2019 y 2022. Fue hasta marzo de 2023, apenas días antes del lanzamiento de la licitación estatal, cuando realizó asambleas extraordinarias para modificar su objeto social. Originalmente dedicada a la comercialización de equipos electrónicos, la empresa amplió su giro para incluir la importación de vehículos de transporte y actividades relacionadas con movilidad.
Pese a su falta de historial y experiencia en el sector, Ego Móvil fue la única empresa en pasar la etapa técnica de la licitación. De los 14 interesados iniciales, solo tres presentaron propuestas, y competidores con amplia trayectoria, como Volvo Group México, quedaron fuera debido a requisitos considerados poco flexibles.
Irregularidades en el contrato y entregas en Nuevo León
El contrato firmado con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) de Nuevo León incluía el arrendamiento de 600 camiones bajo un esquema “full service”, que abarca mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones mensuales y trámites operativos. Ego Móvil se comprometió a entregar todas las unidades antes del 31 de octubre de 2023.
Sin embargo, al cierre de ese año, solo se habían entregado 328 camiones, es decir, el 55% del total. Según el informe de la Cuenta Pública 2023 de la Auditoría Superior del Estado, las primeras 199 unidades se recibieron hasta finales de octubre, y el resto llegó en diciembre, muy lejos del cumplimiento esperado.
Además, el domicilio fiscal de la empresa es otro punto de controversia. Según los documentos proporcionados, este corresponde a una casa habitación en Querétaro, mientras que en el contrato se reporta una dirección en una bodega en García, Nuevo León, donde no hay evidencia de operaciones visibles.
Sospechas sobre los socios y accionistas
El caso de Ego Móvil se complica al examinar a sus socios y accionistas. Uno de ellos, José Luis Salas Sánchez, figura como accionista de Poliuretanos y Plásticos Reforzados, una empresa creada en 2006 y con diversos giros, desde inmobiliario hasta consultoría. Esta última compañía participó como socia en la licitación ganada por Ego Móvil.
Por otro lado, el representante legal de Ego Móvil, Édgar Eduardo Rosales, también aparece vinculado a otras empresas inmobiliarias, lo que ha suscitado dudas sobre su capacidad para gestionar un contrato de esta magnitud en el sector transporte.
¿Cuáles son las implicaciones?
La adjudicación de este contrato ha desatado una ola de críticas hacia la Administración estatal, encabezada por el gobernador Samuel García. Diversos sectores cuestionan la transparencia del proceso y la idoneidad de otorgar recursos públicos a una empresa con antecedentes tan cuestionables.
Aunque el contrato incluye una vigencia hasta 2027, la falta de cumplimiento en las entregas y los detalles sobre los socios generan inquietud sobre el manejo de los recursos públicos y el impacto en la movilidad del estado.
