Las denuncias por presunta coacción del voto para la elección judicial en Nuevo León no se detienen. Cada vez son más las voces que señalan que el Gobierno del estado, encabezado por Samuel García, está implementando un operativo electoral con fines políticos, en el que empleados públicos son obligados a participar bajo amenazas directas, entre ellas el despido inmediato o la cancelación de contratos.
Este esquema, según lo documentado, tiene como objetivo influir en la elección judicial del próximo 1 de junio, en la que se definirán cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Aunque el proceso es federal, trabajadores estatales han sido presionados para asegurar votos en favor de perfiles supuestamente afines al partido Movimiento Ciudadano, al que pertenece el mandatario estatal.
Simulacros forzados y control con códigos personalizados
Fuentes internas de diversas dependencias del estado —desde secretarías hasta organismos descentralizados— relataron que desde inicios de mayo fueron integrados en chats de mensajería donde recibieron indicaciones para participar en simulacros de votación. En dichos ejercicios, los trabajadores deben ensayar el proceso electoral completo, incluyendo la entrega de credenciales del INE propias y ajenas, y el envío de fotografías como prueba de cumplimiento.
Uno de los aspectos más inquietantes es el uso de códigos QR personalizados, los cuales son asignados individualmente a cada empleado. En los simulacros, se les pide tomar una foto de la boleta, la credencial del INE y el QR a un costado. Este mecanismo permitiría al equipo operador del Gobierno identificar con precisión quién cumplió con la instrucción de votar por los candidatos “marcados” por el oficialismo, aunque aún no han sido revelados oficialmente.
Según testimonios, se les ha dicho que antes de la elección recibirán un “acordeón” con el color, número o nombre del candidato por el que deberán sufragar. “Nos van a decir exactamente qué marcar. Y nos piden mandar foto de la boleta, del QR y de la credencial. Todo junto. Es para tenernos controlados”, declaró un trabajador que pidió el anonimato.
Ya no sería rumor , empleados del Estado acusan al gobernador Samuel García de presiones para votar por Jueces afines a él y su partido…. Política vieja. pic.twitter.com/nqPURv6Me3
— @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) May 19, 2025
Si no votas en elección judicial, no renuevas contrato
El miedo a perder el empleo se ha convertido en una constante entre quienes han recibido estas instrucciones. Personal por honorarios, contratados de forma temporal o sujetos a renovación mensual, ha comenzado a ser cesado. Algunos trabajadores relataron que, al no alcanzar los “números” que se les exigieron —hasta 10 credenciales recolectadas por persona— fueron removidos de sus puestos o informados de que no habrá renovación de contrato a partir de junio.
En otras áreas, como el Instituto de Control Vehicular o unidades regionales de la Secretaría de Educación, las metas son más claras: 5 INEs por empleado, 500 votos por unidad. La orden ha sido presentada como “no opcional”, según empleados consultados. Quien se niegue, queda fuera.
Incluso en organismos que tradicionalmente no tienen participación política, como el Centro de Evaluación y Control de Confianza, el Canal 28 o las Regiones Sanitarias, se ha reportado presión para integrarse a la operación alrededor de la elección judicial. “Nos dijeron que si no participamos, vamos a tener problemas. Que lo mejor es ‘cooperar’”, señaló otra fuente.
Fiscalía recibe denuncias y analiza remitirlas a la FGR
Hasta el momento, al menos 10 denuncias formales han sido presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FEDE). Su titular, Gustavo Javier Solís, confirmó que se trata de señalamientos por presunta coacción, en su mayoría anónimos, pero con patrones comunes.
La fiscalía se encuentra evaluando si tiene competencia para iniciar investigaciones o si debe remitir el expediente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), dependiente de la FGR, debido a que el proceso en cuestión corresponde al ámbito federal. “Estamos estudiando si corresponde intervenir desde el estado o remitirlo. Aunque es una elección federal, eso no impide que recibamos las denuncias y las analicemos”, explicó Solís.
De acuerdo con el marco legal, aunque los comicios judiciales sean federales, cualquier intento de coacción del voto desde el ámbito estatal podría constituir una falta grave o incluso un delito federal, si se confirma el uso de recursos públicos para incidir en el proceso.
Coordinación interna y nombres en el radar rumbo a elección judicial
La operación, según los denunciantes, no es improvisada. Está coordinada desde distintas dependencias y, aunque de forma indirecta, involucra a figuras cercanas al Gobernador Samuel García. Entre los nombres que aparecen en grupos de mensajería y coordinación están el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Eduardo Gaona, así como los diputados Miguel Ángel Flores y Baltazar Martínez. Si bien no son quienes dan las órdenes directas, su presencia como administradores de chats operativos refuerza la hipótesis de que el plan tiene respaldo desde niveles superiores.
Asimismo, empleados del Gobierno aseguran que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, ha sostenido conversaciones con algunos aspirantes a jueces, donde supuestamente se les ofrece apoyo a cambio de alineamiento futuro, en caso de llegar al cargo.
Por ahora, ni la Oficina del Gobernador ni la Secretaría de la Contraloría han emitido postura oficial frente a estos señalamientos. Tampoco se ha informado públicamente si los funcionarios mencionados forman parte de alguna investigación.
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