Pocas situaciones son tan desesperantes como pasar una madrugada entera en la sala de espera de un hospital público en Nuevo León. Dos, tres o más horas aguardando a que un médico familiar atienda a tu hijo, o meses esperando una cirugía debido a la saturación y la falta de presupuesto en el sistema de salud estatal. Sin embargo, mientras las familias neoleonesas padecen la lentitud y las carencias del servicio médico, la maquinaria financiera del gobernador Samuel García opera con una velocidad envidiable: los millones de pesos de tus impuestos tardan menos tiempo en llegar a su despacho particular que lo que tú tardas en recibir una consulta.
La investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) revela que el dinero que debería traducirse en camillas, medicamentos, médicos contratados e infraestructura hospitalaria digna, fue desviado a través de una red de triangulación de recursos públicos diseñada para enriquecer la firma legal del Mandatario en tiempo récord.
La velocidad del desvío vs. la agonía en los hospitales
Mientras los pacientes se enfrentan a la burocracia y la falta de insumos, los estados de cuenta bancarios en poder de las autoridades demuestran que el circuito de corrupción del Gobierno Estatal funciona con una puntualidad quirúrgica. Los registros exponen casos indignantes donde el dinero público cambió de manos en cuestión de minutos.
El 19 de noviembre de 2021 es el ejemplo perfecto de este contraste. Mientras cientos de ciudadanos hacían fila por atención médica, la Tesorería del Estado depositó 22.2 millones de pesos a la proveedora Suministro MYR a las 12:01 horas. De inmediato, la empresa envió el capital a su filial Jace y, para las 14:19 horas —apenas 2 horas y 18 minutos después—, 8.5 millones de pesos ya descansaban en la cuenta de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de Samuel García y su padre.
Este flujo exprés no fue un hecho aislado; se repitió en diciembre de 2022 (3 horas y 10 minutos) y en octubre de 2023 (3 horas y 44 minutos). Al Gobernador le toma menos de la mitad de un turno hospitalario recibir millones de pesos provenientes de contratos estatales.
El desprecio por las necesidades básicas: Millones para publicidad
Lo que vuelve aún más grave esta situación es el destino final de los fondos. Mientras los hospitales operan al límite, el despacho legal de Samuel García utilizó 81.6 millones de pesos —provenientes en su mayoría de estas triangulaciones fast-track con proveedores como Suministro MYR y la empresa Nauka Comunicación Estratégica— para financiar campañas de publicidad personal en Google y YouTube.
El dinero público que hace falta en las farmacias de los hospitales estatales regresó a los ciudadanos en forma de anuncios digitales. En ellos, mediante videos altamente producidos, el Gobernador presume clínicas y coberturas médicas de primer nivel que chocan de frente con la cruda realidad de desabasto que viven los pacientes en las clínicas de la entidad.
Sofisticación del esquema ante el reclamo federal
Lejos de atender las deficiencias del sistema de salud con los excedentes de los contratos millonarios (donde solo Suministro MYR ha facturado más de 1,400 millones de pesos a la administración emecista), el esquema evolucionó para protegerse de la justicia. La FGR investiga ahora un nuevo modelo que utiliza procesadoras de pagos electrónicos (fintechs) y empresas fantasma en Texas, Estados Unidos, vinculadas al Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, con el único fin de fragmentar el dinero y borrar el rastro del desvío.
Con la Presidenta Claudia Sheinbaum exigiendo una investigación profunda por desvío de recursos desde el escenario nacional, la administración de Samuel García se tambalea bajo el peso de la evidencia. Para el ciudadano que pasa la noche en una silla de hospital esperando atención, la realidad es dolorosa: el tiempo que le cuesta su salud es el mismo tiempo que el Gobierno utiliza para triangular la riqueza del estado hacia cuentas particulares.
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