El Congreso de Nuevo León ha solicitado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) que proceda penalmente contra los responsables de casi 800 millones de pesos no solventados por la administración del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava. Estas anomalías corresponden a revisiones de las cuentas públicas de 2022 y 2023.
Irregularidades millonarias en Santa Catarina
De acuerdo con el diputado del PAN, Miguel Ángel García Lechuga, las observaciones realizadas por la ASE señalan que, en 2023, 273 millones de pesos quedaron sin justificar, mientras que en 2022 el monto alcanzó los 500 millones de pesos. El legislador planteó que las irregularidades podrían implicar desvíos de recursos, por lo que pidió que se investigue a fondo y se actúe legalmente.
“El auditor debe presentar denuncias penales por estos hechos. Estamos pidiendo sanciones contra los responsables, incluidos funcionarios municipales y el propio alcalde, si es necesario”, expresó García Lechuga.
Contrato cuestionable por 18 millones
Otro punto de controversia es un contrato por 18 millones de pesos realizado en 2024, presuntamente para “mesas de trabajo de transición”. Sin embargo, García Lechuga argumenta que este gasto no tiene justificación, ya que Jesús Nava fue reelegido y no hubo cambio de administración. Según el diputado, este tipo de gastos deberían ser gestionados por la Contraloría Municipal, no por empresas externas.
El exdiputado local Roberto Farías estuvo involucrado en este contrato, encabezando las mesas de trabajo. El legislador aseguró que esta acción es un ejemplo de gasto innecesario e injustificado.
Solicitud respaldada por el Congreso
El exhorto para que la ASE tome acciones penales fue aprobado por mayoría en el Congreso local, con 28 votos a favor y 8 abstenciones de la bancada de Morena. Este respaldo refleja la preocupación de los legisladores sobre el destino de los recursos públicos en Santa Catarina.
Recursos pudieron destinarse a necesidades básicas en Santa Catarina
García Lechuga subrayó que los 800 millones de pesos no solventados pudieron haberse utilizado para atender servicios esenciales, como infraestructura, salud, educación y servicios básicos.
“Es inaceptable que estos recursos no se hayan aplicado de manera transparente para beneficiar a los ciudadanos”, enfatizó.
Llamado a la ASE
El Congreso también instó a la ASE a garantizar que las investigaciones incluyan todos los elementos necesarios para esclarecer las irregularidades y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
El seguimiento a estas denuncias será clave para determinar el impacto de las observaciones realizadas por la ASE y la forma en que se manejaron los recursos públicos en el municipio. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas y acciones concretas que aseguren el buen uso de los fondos municipales.
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