El Poder Judicial de México se encuentra al borde del colapso. La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha lanzado una bomba política al proponer un paro total de labores en la Corte, como respuesta directa a la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que amenaza con cambiar radicalmente la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, ha desatado el pánico entre jueces, magistrados y todo el personal judicial, quienes ven en esta medida un golpe mortal a sus carreras y a la independencia judicial en el país.
El ambiente en la Suprema Corte es de incertidumbre y desasosiego. El paro, que hasta ahora solo afectaba a casos urgentes, podría extenderse a todos los niveles de la Corte, paralizando completamente el sistema judicial. La propuesta de Piña refleja la desesperación de un Poder Judicial que se siente acorralado por un gobierno que busca imponer su voluntad a cualquier costo, incluso si eso significa destruir la autonomía de uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana.
Paro total: Suprema Corte en jaque
Norma Piña, en un acto que muchos consideran sin precedentes, ha decidido llevar la batalla al extremo. Su propuesta de ampliar el paro de labores a toda la Suprema Corte es una respuesta directa a lo que ella y muchos en el Poder Judicial consideran un ataque frontal por parte del gobierno de López Obrador. La reforma judicial, que incluye la reducción de ministros de la Corte de 11 a 9 y la elección popular de jueces, ha sido recibida como una sentencia de muerte para la independencia judicial.
Los trabajadores del Poder Judicial, encabezados por jueces y magistrados, ya han comenzado a manifestarse en las calles. Frente a las instalaciones de la Suprema Corte, el descontento es palpable. Los accesos al edificio han sido bloqueados, y las pancartas y consignas denuncian lo que consideran un intento descarado de socavar el sistema de justicia del país. La protesta no es solo contra la reforma, sino contra lo que ven como un intento del gobierno de tomar el control total de la justicia mexicana.
El paro total que propone Piña no solo detendría la resolución de casos importantes, sino que enviaría un mensaje claro al gobierno: el Poder Judicial no se quedará de brazos cruzados mientras su independencia es amenazada. Sin embargo, esta medida también podría tener consecuencias devastadoras para el país, ya que la parálisis de la Suprema Corte afectaría gravemente el funcionamiento de todo el sistema judicial, dejando en suspenso miles de casos y decisiones cruciales.
Descontento y temor en el Poder Judicial
El ambiente dentro del Poder Judicial es de temor y desesperación. Desde que se anunció la propuesta de reforma, el personal judicial ha estado al borde del colapso emocional. Para muchos, esta reforma no solo representa una amenaza a su estabilidad laboral, sino que también es vista como una traición al principio de independencia que ha sostenido al Poder Judicial desde su creación.
Los jueces, en particular, temen que la elección popular de jueces convierta al sistema judicial en un espectáculo político, donde la justicia sea dictada no por el derecho, sino por la voluntad de las masas y la influencia de las campañas políticas. Este escenario, temen, podría llevar a un colapso total de la confianza en el sistema judicial, donde las decisiones ya no serían vistas como justas e imparciales, sino como productos de la manipulación política.
Además, la propuesta de reducir el número de ministros en la Suprema Corte ha sido interpretada como un intento de concentrar el poder y eliminar cualquier resistencia a las decisiones del Ejecutivo. Una Corte más pequeña y más fácil de controlar sería, según los críticos, un instrumento perfecto para un gobierno que busca eliminar cualquier oposición a sus políticas, incluso si eso significa destruir la separación de poderes que ha sido la base de la democracia mexicana.
El personal judicial, que ya ha comenzado a sentir los efectos del paro de labores, teme que su situación empeore si la reforma es aprobada. La incertidumbre sobre el futuro de sus carreras y la posibilidad de que sus decisiones sean dictadas desde el Palacio Nacional ha creado un ambiente de tensión insoportable. Muchos se preguntan si vale la pena seguir luchando por un sistema que parece estar destinado a desaparecer bajo el peso de la reforma.
El fin de la independencia judicial
La propuesta de reforma judicial de López Obrador ha sido calificada por muchos como el inicio del fin de la independencia judicial en México. La elección popular de jueces, que en teoría podría parecer una medida democrática, en realidad podría convertirse en un arma de doble filo que politice completamente el sistema judicial. Los críticos advierten que este cambio podría llevar a un escenario donde los jueces estén más preocupados por ganar votos que por aplicar la ley de manera justa e imparcial.
La reducción del número de ministros en la SCJN también es vista como una maniobra para concentrar el poder y debilitar la capacidad de la Corte para actuar como un contrapeso efectivo al Ejecutivo. Con menos ministros, la Corte sería más vulnerable a las presiones políticas y menos capaz de resistir los intentos del gobierno de influir en sus decisiones.
Norma Piña, al proponer el paro total de labores en la Suprema Corte, ha puesto en juego todo el sistema judicial. Su decisión de enfrentar directamente al gobierno podría ser vista como un último intento desesperado de salvar la independencia judicial. Sin embargo, también podría desencadenar una crisis aún mayor, con consecuencias imprevisibles para el país.
La próxima decisión de la SCJN sobre el paro total y la futura dirección del Poder Judicial marcará un punto de inflexión en la historia de México. ¿Será este el principio del fin de la independencia judicial, o el inicio de una resistencia que defienda los principios fundamentales de la justicia? Lo único seguro es que el país está al borde de una crisis sin precedentes.
