Un derrame de pigmento azul en el arroyo Topo Chico, ubicado en la colonia Bella Vista de Monterrey, expuso una grave omisión de las autoridades estatales. La empresa Pyosa Industrias, que opera en la zona, reportó al menos en dos ocasiones un taponamiento en los ductos de drenaje operados por Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), sin que hubiera respuesta. No fue sino hasta ocho días después del primer aviso que personal del organismo acudió a inspeccionar el lugar, cuando la sustancia contaminante ya se había vertido en el cauce natural.
El incidente ha generado inquietud entre vecinos, organizaciones ambientales y autoridades municipales, quienes cuestionan la falta de atención oportuna por parte del Gobierno estatal ante un problema que, según las advertencias previas, pudo haberse evitado. El derrame no sólo representa un riesgo ambiental, sino también una muestra de descoordinación institucional frente a emergencias de carácter industrial.
Ocho días de omisión oficial frente a derrame tóxico
La historia comenzó cuando Pyosa alertó a las autoridades sobre un drenaje tapado en las inmediaciones de su planta. El ducto en cuestión, según la versión de la empresa, no forma parte de su infraestructura interna, sino de la red operada por Agua y Drenaje. La falta de flujo generó acumulación de residuos que terminaron por reventar, provocando el derrame de una sustancia azulada, relacionada con los pigmentos que maneja la compañía en su proceso industrial.
De acuerdo con información confirmada por medios locales, Pyosa realizó al menos dos reportes formales, sin obtener respuesta. Cuando finalmente personal de AyD acudió a revisar el punto de conflicto, ya se había producido el escurrimiento, afectando el arroyo Topo Chico y generando una amplia mancha de agua teñida que fue visible incluso desde la vía pública.
Aunque la empresa ha sido señalada en el pasado por temas de impacto ambiental, en esta ocasión atribuyó el origen del incidente a una falla ajena a su control directo. Argumenta que al no poder liberar adecuadamente sus descargas debido al tapón externo, se generó presión que culminó en el derrame.
Sin postura oficial del gobierno
Lo que más ha llamado la atención en este caso no es únicamente el impacto ambiental, sino el silencio del Gobierno del Estado y de la propia AyD. A más de una semana del suceso, no se ha emitido ninguna declaración pública por parte del organismo operador ni del área de comunicación gubernamental. Esta falta de transparencia ha provocado una ola de críticas en redes sociales, donde ciudadanos y activistas han cuestionado si se busca minimizar el problema o evitar asumir responsabilidades.
Mientras tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Fomento Sanitario ya han iniciado procesos administrativos contra la planta de Pyosa. Según se informó, dos suspensiones temporales fueron aplicadas como parte de una investigación en curso, con el fin de determinar el grado de participación de la empresa y las posibles violaciones a la normatividad ambiental.
Sin embargo, persiste la duda sobre por qué las advertencias de la empresa fueron ignoradas, y si existió negligencia en el actuar del organismo estatal. Especialistas consultados advierten que en casos de este tipo, el tiempo de reacción es clave para evitar mayores afectaciones, y subrayan que la omisión de respuesta durante ocho días evidencia una grave falla operativa.
Preocupación ciudadana y falta de claridad
La presencia de un líquido azul en el arroyo Topo Chico encendió las alarmas entre vecinos de la colonia Bella Vista, quienes comenzaron a reportar el incidente a través de redes sociales, días antes de que las autoridades acudieran al sitio. Algunos de ellos compartieron fotografías del escurrimiento y señalaron que no era la primera vez que ocurría un hecho similar en la zona.
La comunidad expresó su preocupación ante posibles afectaciones a la salud o al medio ambiente, ya que el cauce afectado conecta con otros cuerpos de agua de la ciudad. Pese a que no se ha confirmado que el derrame sea tóxico, la falta de información oficial ha alimentado la incertidumbre.
Colectivos ambientalistas también han exigido que se dé a conocer un informe técnico detallado, que permita conocer el contenido de la sustancia derramada, los riesgos asociados y las acciones que tomará el Gobierno para evitar nuevos episodios.
Hasta el momento, la omisión inicial y el vacío de información han opacado cualquier medida correctiva, y han dejado en evidencia una posible desconexión entre los reportes ciudadanos, la operatividad del gobierno y la vigilancia ambiental.
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