A un año de haberse planteado la propuesta estatal de Samuel García para que todas las escuelas, públicas y privadas, cuenten con un plan de transporte escolar obligatorio, la iniciativa del Gobierno de Nuevo León sigue envuelta en críticas, confusión y una notoria falta de definiciones. Diversas asociaciones de padres de familia y representantes de escuelas particulares han levantado la voz, acusando al Ejecutivo estatal de intentar delegar responsabilidades sin ofrecer herramientas, financiamiento ni lineamientos claros.
La preocupación se encendió luego de que el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, presentara recientemente ante el Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley de Educación. En ella se establece que las escuelas deberán presentar un plan de transporte que será implementado, de manera progresiva, a partir del ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, el contenido de esta iniciativa fue calificado por organizaciones civiles como ambiguo, básico e incompleto.
La Unión Neoleonesa de Padres de Familia y la Federación de Escuelas Particulares exigieron al Gobierno una explicación puntual sobre cómo se ejecutará esta medida. Más allá de la intención, lo que genera molestia entre los sectores involucrados es que el modelo traslada la carga operativa y económica a los planteles sin dar respuestas sobre la logística, normativas o procedimientos.
Propuesta de Samuel García sin bases técnicas claras
Según los líderes de asociaciones escolares, el proyecto entregado por la Secretaría de Movilidad carece de los elementos técnicos que permitan su implementación efectiva. July Mendoza, presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, señaló que el documento presentado “viene muy básico”, sin incluir normativas específicas ni mecanismos que respondan a las dudas que han externado los padres en diferentes foros.
“No dice los cómos”, expresó Mendoza con preocupación, subrayando que las escuelas no están capacitadas ni son expertas en temas de movilidad urbana, por lo que imponerles esta carga sin apoyo técnico pone en riesgo no solo el cumplimiento de la norma, sino la seguridad misma de los estudiantes.
A esto se suma que la medida será obligatoria, lo que ha encendido las alarmas en sectores educativos. La propuesta no establece si se generará algún subsidio o acompañamiento del Estado para la elaboración de estos planes ni si se contemplará una fase de diagnóstico previo para evaluar la viabilidad de aplicarla en zonas con infraestructura vial deficiente.
Escuelas privadas también exigen respuestas
No sólo los padres de familia han expresado su preocupación. También representantes del sector privado educativo han cuestionado la viabilidad y el diseño de la propuesta del Ejecutivo. Jorge Félix, miembro de la Federación de Escuelas Particulares, señaló que hasta el momento el Estado no ha informado cómo se pondrá en marcha la medida, cuáles serán los plazos reales ni qué tipo de orientación técnica recibirán las escuelas.
El representante acusó que el gobierno pretende imponer una medida sin construir previamente las condiciones necesarias para que funcione. “Faltan procesos, formación y capacitación. No se han contemplado las necesidades reales que implica diseñar y operar un sistema de transporte para cada escuela”, afirmó.
Los colegios particulares —que representan una cuarta parte del total de instituciones educativas en el área metropolitana— han manifestado que si esta propuesta no se aterriza correctamente, podría encarecer las colegiaturas, lo que afectaría directamente a miles de familias.
Hasta el ciclo escolar actual, hay más de mil 180 escuelas privadas en el área metropolitana, dentro de un total de aproximadamente 4 mil 100 instituciones de nivel básico. La diversidad en infraestructura, ubicación y nivel socioeconómico de las comunidades estudiantiles hace que un modelo único y obligatorio sea difícil de implementar sin ajustes específicos por zona y tipo de escuela.
Riesgos de improvisación gubernamental de Samuel García
Más allá de los detalles administrativos, el trasfondo del reclamo gira en torno a la percepción de improvisación que ha caracterizado a esta iniciativa desde su origen. Aunque el proyecto ha sido justificado como parte de una estrategia para mejorar la movilidad y reducir el congestionamiento vehicular en horarios escolares, las formas de implementación dejan mucho que desear, según los involucrados.
De acuerdo con Mendoza y Félix, el plan parece responder más a una necesidad política del gobierno estatal de mostrar acciones inmediatas que a una solución integral y estructurada. El hecho de que la Secretaría de Movilidad haya presentado la iniciativa ante el Congreso sin haberla consensuado previamente con los actores involucrados, ha generado una atmósfera de desconfianza y dudas legítimas sobre su viabilidad.
Una de las mayores preocupaciones compartidas por padres y escuelas es que la medida obligaría indirectamente a las familias a pagar el transporte escolar, en caso de que las escuelas no puedan asumir ese costo por sí solas. Esto rompería con el principio de gratuidad de la educación pública, al menos en términos prácticos, y añadiría una carga económica más a miles de hogares.
También existe incertidumbre sobre cómo se gestionarán los permisos, las rutas, la contratación de vehículos y choferes capacitados, y si el Estado se hará responsable de verificar las condiciones de seguridad en cada unidad.
Gobierno transfiere responsabilidad a escuelas
En esencia, lo que critican los padres de familia y las instituciones educativas es que el Gobierno estatal pretende desentenderse de la operación del transporte escolar, traspasando toda la responsabilidad a los planteles, sin proporcionarles los medios necesarios para cumplir con la obligación.
Además, al no existir una normativa clara ni recursos asignados, el proyecto de Samuel García podría derivar en soluciones desiguales y riesgosas, dependiendo de la capacidad económica y administrativa de cada escuela. Esto podría provocar que algunas instituciones ofrezcan servicios improvisados, poco seguros o inadecuados, mientras que otras, simplemente, incumplan la ley por falta de medios.
Por ahora, la única certeza es que la implementación será obligatoria a partir de septiembre de 2025, lo que deja un periodo limitado para que las escuelas diseñen, financien y ejecuten planes de transporte completamente funcionales. Para padres, esto no sólo representa un desafío logístico, sino también una posible vulneración a su derecho de decidir cómo trasladan a sus hijos al colegio.
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