Entre 2020 y 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha registrado un total de 28 agresiones a periodistas, de las cuales 24 ocurrieron durante la administración de Samuel García, lo que representa el 85% de los casos en los últimos tres años. La mayoría de estos incidentes involucran violaciones a los derechos fundamentales de los periodistas, como intimidaciones, amenazas, detenciones ilegales y uso excesivo de la fuerza.
Principales causas de las agresiones a periodistas
Las agresiones registradas incluyen detenciones arbitrarias, censura, amenazas, y violencia física contra los periodistas. En varios casos, los ataques ocurrieron durante la cobertura de protestas, manifestaciones y noticias de la llamada “nota roja”. A pesar de los esfuerzos de la CEDHNL para abordar esta problemática, las soluciones se han visto obstaculizadas por la falta de respuesta y la postergación de las autoridades.
En 2023, la CEDHNL emitió una recomendación (006/2023) a la Secretaría de Seguridad del Estado tras un incidente donde un periodista de N+ Monterrey fue detenido injustificadamente y se le confiscó su celular. Sin embargo, más de 85 días después, no hubo respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.
La respuesta del gobierno y los llamados a la colaboración
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, dirigida por Gerardo Escamilla, ha sido instada a colaborar con organizaciones internacionales como Artículo 19, para diseñar un protocolo de actuación para la protección de la prensa, el gobierno estatal ha seguido postergando la implementación de este plan. Este protocolo incluiría capacitaciones tanto para policías como para periodistas sobre libertad de expresión, derechos humanos y la relación entre la prensa y las fuerzas de seguridad.
Hasta ahora, 10 municipios del área metropolitana de Monterrey han aceptado participar en el proceso, en contraste con la reticencia del gobierno estatal. Artículo 19 sigue buscando soluciones para crear un ambiente más seguro y respetuoso para los periodistas.
Agresiones judiciales y un marco legal restrictivo
En Nuevo León, uno de los problemas persistentes para los periodistas es el marco legal restrictivo que aún penaliza delitos como la difamación, injuria y calumnia, con penas de prisión de hasta seis años. Estos delitos, que fueron eliminados del Código Penal Federal en 2007, siguen siendo aplicados en el estado, limitando la libertad de expresión y creando un entorno amedrentador para los medios de comunicación.
La organización Artículo 19 ha denunciado que 34 casos de agresiones a periodistas se han reportado entre 2018 y 2024, muchos de ellos relacionados con acosos judiciales. Estos casos de persecución legal buscan silenciar las voces críticas y proteger la reputación de funcionarios públicos, a menudo a costa de la libertad de expresión.
Llamado a la reforma legislativa y la protección de periodistas
En noviembre de 2024, un grupo de organizaciones, entre ellas Propuesta Cívica, la Red de Periodistas del Noreste, el Colegio de Comunicación y Periodismo de Nuevo León, y la Asociación de Periodistas de Nuevo León, presentó tres iniciativas al Congreso del Estado. Estas propuestas incluyen la eliminación de los delitos de difamación del Código Penal y la creación de una Ley de Protección a Periodistas que garantice la seguridad y los derechos de los periodistas en Nuevo León.
Las organizaciones también piden la reforma a la Ley de Profesiones, que exige que los periodistas tengan un título universitario en periodismo o comunicación para ejercer su profesión, lo que consideran un requisito excesivo y restrictivo.
