Con el respaldo de 2,800 firmas ciudadanas, legisladores de Nuevo León presentarán un amparo colectivo para frenar el aumento en las tarifas del transporte público, calificando la medida de ilegal. El incremento, que elevó el costo de 12 a 15 pesos, afecta gravemente a los usuarios, especialmente a quienes dependen de múltiples viajes diarios para sus actividades. La ciudadanía ha mostrado su descontento, lo que facilitó la recolección de apoyos en un esfuerzo que busca proteger la economía de las familias más vulnerables.
Recolección de firmas supera expectativas
La diputada Armida Serrato, del PRI, informó en conferencia de prensa que el esfuerzo por reunir firmas fue muy exitoso, superando la meta inicial de 300 por legislador. Algunos representantes aportaron hasta 800 rúbricas, reflejando la indignación de los ciudadanos ante lo que consideran un abuso por parte del gobierno estatal. Serrato señaló que los ciudadanos no sólo firmaron con entusiasmo, sino que además compartieron sus preocupaciones sobre el impacto de este incremento en sus finanzas personales.
Para muchas familias, el gasto en transporte público ya representa un peso significativo, y el aumento lo agrava. Serrato destacó que algunas personas deben usar hasta seis camiones al día, lo que eleva sus costos de movilidad por encima de los 20 pesos por trayecto. La legisladora agregó que, hasta el último momento antes de presentar el amparo, se seguirán recibiendo firmas en diferentes puntos de la ciudad.
Cuestionamientos a la legalidad del tarifazo
El aumento en las tarifas ha sido ampliamente criticado por no cumplir con los procedimientos establecidos. Según los legisladores, la medida no fue aprobada ni por la Junta de Gobierno ni por el Consejo Ciudadano, órganos encargados de evaluar y autorizar los ajustes tarifarios. La diputada Serrato aseguró que esto convierte el incremento en un acto irregular que vulnera los derechos de los usuarios del transporte público.
Por su parte, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, defendió el aumento argumentando que fue una medida de emergencia necesaria ante la inacción del Consejo. Sin embargo, esta justificación no ha convencido ni a los diputados ni a la ciudadanía, que consideran que el gobierno no ha explicado técnicamente la necesidad del ajuste. Además, el PRI presentó una denuncia contra Villarreal ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto ejercicio indebido de funciones.
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