La polémica por el desmonte en Río volvió a encenderse luego de que el Estado retomara obras en el Río Santa Catarina, aun cuando la zona está catalogada como área protegida y persiste una deuda de reforestación por daños previos. El regreso de maquinaria pesada y la ausencia de acciones de reparación abren un nuevo debate sobre el impacto ambiental y la falta de coherencia de la administración estatal.
Obras Sobre Un Río Aún Dañado
El reinicio de trabajos para los dos puentes peatonales autorizados por Semarnat puso nuevamente en tensión a colectivos y vecinos. Aunque el permiso ambiental ya está vigente, el desmonte en Río se realizó en áreas donde antes se retiró vegetación sin remediación posterior. Por ello, el arranque de actividades se percibe como una continuidad de las afectaciones al cauce.
En el punto cercano a Morones Prieto, junto a la Torre Rise, se observó maquinaria pesada retirando tierra para preparar la base del Puente Obispado. La imagen contrasta con las denuncias ciudadanas que, desde octubre, advertían sobre árboles derribados y taludes intervenidos sin medidas compensatorias.
Más adelante, frente a la obra de Fuerza Civil, el avance incluye armado de castillos y varillas acumuladas. Aunque se trata de infraestructura autorizada, especialistas advierten que iniciar nuevas fases sin antes restaurar el daño previo profundiza el deterioro ambiental.
Fallas En Restauración Pese A Declaratoria
El tema del desmonte en Río expone una contradicción evidente. En junio, el propio Samuel García anunció la publicación de la declaratoria del Río Santa Catarina como área protegida, un compromiso que él mismo impulsó en el discurso público. Sin embargo, meses después, las zonas desmontadas siguen sin rehabilitación y sin acciones formales de restauración ecológica.
El colectivo Un Río en el Río, que desde octubre registra afectaciones en distintos puntos del cauce, denunció que el gobierno estatal no ha cumplido con la restauración de vegetación nativa. Aseguran que no existen avances documentados ni transparencia en los procesos.
En sus señalamientos recalcan que el equilibrio ecológico depende de un manejo responsable del cauce, donde cualquier obra debe considerar primero la estabilidad del suelo, la infiltración natural del agua y la flora que protege la ribera. Hoy, ninguno de estos elementos exhibe atención prioritaria.
Colectivos Exigen Revisar Impacto Real
Más allá de las obras en los puentes, el desmonte en Río volvió a visibilizar la urgencia de fortalecer la protección del Río Santa Catarina. Las denuncias de octubre revelaron que el retiro de vegetación se realizó antes de obtener la Manifestación de Impacto Ambiental, lo cual desató cuestionamientos sobre el actuar estatal.
El 5 de diciembre, Un Río en el Río reiteró que el gobierno debe respetar la declaratoria del área protegida. También exigió que la Secretaría de Medio Ambiente aclare por qué no se han efectuado trabajos de mitigación.
Para los colectivos, es fundamental que cualquier infraestructura se ajuste a criterios ambientales estrictos. Sostienen que la restauración debe ser inmediata, verificable y pública. Además, piden que se evalúen alternativas de movilidad que no dependan de obras invasivas dentro del cauce.
Desmonte En Río Refleja Contradicciones Oficiales
Aunque el gobierno señala que los puentes mejorarán la conectividad, la reactivación de los desmontes plantea interrogantes sobre prioridades y manejo territorial. Resulta contradictorio que un gobierno que declara un río como protegido impulse obras dentro del mismo sin atender primero los daños previos.
A esto se suma la inversión. Cada puente tendrá un costo cercano a los 450 millones de pesos, lo cual implica un proyecto cercano a los 900 millones en total. Para organizaciones ambientales, destinar esa cantidad sin garantizar primero la protección del ecosistema refleja una visión incompleta del impacto urbano.
Finalmente, colectivos insisten en que la restauración no es opcional. Permite evitar erosión en temporada de lluvias, reducir riesgos de inundaciones y preservar un corredor ecológico indispensable para la ciudad. El desmonte en Río, lejos de ser una obra aislada, es un síntoma de decisiones apresuradas que requieren evaluación pública y científica.
