Los adultos mayores en Nuevo León se han convertido en uno de los sectores más vulnerables frente a las autoridades. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), desde 2020 hasta junio de 2025, el 88 por ciento de las quejas por violaciones a derechos humanos corresponden a personas de más de 60 años. Este dato revela no solo la magnitud del problema, sino también el abandono institucional hacia quienes deberían recibir mayor protección y atención.
Lejos de contar con un sistema que les facilite trámites y acceso a servicios básicos, los adultos mayores son constantemente violentados al realizar gestiones burocráticas. Las quejas más comunes apuntan a maltratos, falta de información, negativas injustificadas y un trato despectivo en oficinas públicas. El panorama se agrava cuando las denuncias involucran a autoridades estatales, federales y organismos descentralizados que deberían garantizar sus derechos.
Adultos mayores concentran quejas
El informe “¿Cómo están las personas mayores en Nuevo León?” elaborado por la CEDH expone un panorama preocupante. De 7 mil 418 quejas registradas en cinco años, más de 6 mil 500 corresponden a adultos mayores. Este grupo poblacional, que debería ser priorizado en políticas públicas, es el que más sufre abusos al intentar ejercer sus derechos básicos.
Las denuncias detallan que la mayoría de los problemas surgen al solicitar información sobre trámites de apoyos socioeconómicos, posesión de bienes, escrituración o registros civiles. Muchos adultos mayores señalan que son víctimas de prepotencia, malos tratos y dilación intencional en procesos que deberían resolverse con rapidez y sensibilidad.
El fenómeno no es menor. Al ser uno de los sectores con mayor crecimiento demográfico, el trato a los adultos mayores se ha convertido en un indicador del grado de atención que brindan las instituciones públicas. Y en Nuevo León, los resultados reflejan rezago y abandono.
Instituciones más señaladas
La CEDH identificó a varias dependencias estatales como las principales responsables de los abusos contra adultos mayores. Entre ellas están la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
A nivel de organismos descentralizados, las quejas se concentran en Agua y Drenaje, el Instituto de Movilidad, el Instituto de Defensoría Pública, el DIF Nuevo León, el ISSSTELEÓN y el Instituto Registral y Catastral. Estos entes, que deberían brindar servicios esenciales, son en realidad los más mencionados por prácticas de maltrato o indiferencia.
El problema no termina en el ámbito estatal. Dependencias federales también han sido señaladas, en particular el IMSS, la Secretaría de Bienestar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de Migración (INM). La acumulación de quejas en diferentes niveles de gobierno revela que la problemática trasciende jurisdicciones: se trata de un patrón de trato indigno y falta de capacitación en la atención a personas mayores.
¡Alerta en NL! 🚨 La CEDH reveló que el 88% de las quejas por violaciones a derechos humanos desde 2020 corresponden a adultos mayores. Las denuncias apuntan a maltrato en trámites, abusos de autoridades y falta de orientación.
— Enbroncados (@Enbroncados_mty) August 27, 2025
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Casos que derivaron en recomendaciones
La gravedad del fenómeno se refleja en algunos casos documentados por la CEDH que derivaron en recomendaciones formales a las autoridades. Entre ellos se encuentra el de una pareja que sufrió injerencias arbitrarias en su domicilio, así como el de personas cuyos derechos fueron vulnerados en una institución de asistencia privada.
Estos episodios no son hechos aislados. Se enmarcan en una tendencia de abuso estructural que afecta especialmente a los más vulnerables entre los adultos mayores: mujeres, personas con discapacidad y migrantes. Estas condiciones interseccionales incrementan el riesgo de sufrir maltratos y reducen las posibilidades de acceder a justicia y reparación.
Un problema estructural
Los abusos contra adultos mayores en Nuevo León no pueden analizarse únicamente como actos aislados de funcionarios insensibles. Son, en realidad, un síntoma de un problema estructural que combina falta de capacitación, ausencia de protocolos claros y una burocracia que tiende a obstaculizar en lugar de facilitar.
La CEDH subraya que la mayoría de los servidores públicos responsables de atender a la población mayor carecen de preparación específica para este grupo. El desconocimiento de derechos, sumado a la falta de empatía, genera un trato prepotente que no solo vulnera la dignidad, sino que también dificulta el acceso a servicios esenciales como salud, seguridad social y justicia.
Además, la burocracia se ha convertido en un obstáculo recurrente. Muchos adultos mayores denuncian que deben acudir en repetidas ocasiones para realizar un mismo trámite, enfrentando largas filas, papeleos excesivos y respuestas tardías. Este panorama refleja una falta de voluntad política para diseñar sistemas accesibles y empáticos.
El abandono estatal
El dato más alarmante del informe de la CEDH es que casi 9 de cada 10 víctimas de abusos registrados son adultos mayores. Esto habla de un abandono sistemático por parte del Estado. En lugar de implementar políticas de inclusión, acompañamiento y protección, las instituciones replican patrones de exclusión y maltrato.
El contraste con los discursos oficiales es evidente. Mientras se conmemora el Día Mundial del Adulto Mayor con mensajes de respeto y reconocimiento, la realidad muestra que la mayoría de los abusos en Nuevo León se concentran en este grupo. Esta incongruencia entre discurso y práctica refleja la urgencia de una revisión a fondo de las políticas públicas.
Para muchos especialistas, atender este problema implica más que capacitaciones aisladas. Se requiere un cambio estructural que garantice la transparencia en procesos, la simplificación de trámites y la creación de protocolos específicos que protejan a los adultos mayores en su interacción con las instituciones.
Lo que está en riesgo para los adultos mayores
La falta de atención adecuada a los adultos mayores tiene consecuencias profundas. No solo se trata de la vulneración de derechos individuales, sino también de un debilitamiento del tejido social. Cada abuso o maltrato refuerza la percepción de que en Nuevo León los ciudadanos mayores son invisibles para el Estado.
De persistir esta tendencia, el problema podría agravarse en los próximos años. Con una población que envejece rápidamente, los casos de abuso podrían multiplicarse si no se implementan medidas de prevención y atención inmediata. La omisión, por tanto, no solo es injusta, sino también insostenible.
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