Después de meses de promoción, anuncios oficiales y presencia pública, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, decidió dar marcha atrás con el proyecto del viaducto elevado en Morones Prieto, una obra que en su momento presentó como parte central de su programa de infraestructura. Sin embargo, en un giro inesperado, el mandatario afirmó recientemente que el viaducto nunca fue una obra estatal, sino una propuesta del sector privado, y que se descarta su ejecución debido a los impactos viales que provocaría, especialmente de cara al Mundial 2026.
La contradicción no pasó desapercibida. La postura actual del gobernador contrasta con sus declaraciones anteriores, sus recorridos públicos en el área, los trámites oficiales iniciados por su administración, e incluso sus críticas hacia los activistas que se opusieron al proyecto. Esta marcha atrás ha despertado cuestionamientos sobre la coherencia del discurso gubernamental, la transparencia en la planeación de infraestructura y el uso político de los grandes proyectos.
Contradicción en el discurso oficial
Durante una reunión privada de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), el gobernador sorprendió al asegurar que el viaducto nunca fue pensado ni planteado por el Estado. En un video difundido por el propio gobierno estatal, García afirmó que el plan no era oficial, que no existía un proyecto aprobado y que se trataba de una propuesta impulsada por actores privados.
“Ante tal desinformación, porque no hay tal proyecto, aclaro que nunca se pensó, ni se planteó por parte del Estado hacer un viaducto”, declaró el mandatario. Agregó que, por su parte, no impulsará la construcción, ya que existe preocupación por las afectaciones viales que se generarían justo en el periodo del Mundial de fútbol, que se celebrará en la ciudad dentro de un año. “Lo más probable es que no vaya. No sé si el siguiente gobernador en dos años se vaya a animar o no. Es un proyecto privado, no es del Estado”, remató.
Sin embargo, estas palabras contrastan con los hechos documentados en los últimos meses. El 15 de marzo de 2023, Samuel García presentó el proyecto ante empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) como parte de su plan de obra pública. En octubre de ese mismo año, calificó de “loquitos y loquitas” a quienes se oponían al viaducto, y aseguró que haría “oídos sordos” ante cualquier protesta o crítica. Además, el 3 de septiembre de 2023, el propio gobernador acudió a Morones Prieto para encabezar un recorrido con motivo del inicio de estudios técnicos y geológicos para la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Tras promover durante dos años el viaducto elevado de Morones Prieto, ahora Samuel García dice que es un proyecto particular y se deslinda.#ElNorteLocalhttps://t.co/ZqfsJEoxkS
— elnortelocal (@elnortelocal) June 10, 2025
El trámite oficial sí fue estatal
Uno de los puntos más relevantes en esta historia es que el trámite para solicitar la MIA fue ingresado por la Red Estatal de Autopistas, un organismo gubernamental. Esta solicitud, presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es un paso necesario para cualquier obra de gran impacto ambiental. Aunque la resolución aún no ha sido emitida, el hecho de que fuera el propio gobierno del estado quien lo gestionara contradice directamente el argumento actual de que el proyecto no es estatal.
Esta situación ha generado múltiples cuestionamientos por parte de la ciudadanía y colectivos ambientalistas, quienes señalan que el cambio de postura no obedece a una preocupación real por el tráfico, sino a la presión pública y al costo político de insistir en una obra ampliamente rechazada. La cercanía de eventos internacionales, como el Mundial, y el aumento de la atención pública sobre temas ambientales en la zona metropolitana, habrían influido en la decisión de deslindarse del proyecto.
Cabe recordar que apenas días antes del anuncio de la cancelación, el Gobierno estatal declaró que el Río Santa Catarina se convertiría en Área Natural Protegida, lo que impediría cualquier tipo de construcción en su cauce. El viaducto elevado habría interferido directamente con esta nueva figura de protección, lo que intensificó las críticas sobre la falta de coherencia entre el discurso ambientalista del gobierno y sus acciones de infraestructura.
Presión ciudadana y desgaste político
El viaducto en Morones Prieto fue, desde su anuncio, uno de los proyectos más polémicos del actual sexenio. Diversos colectivos ciudadanos, urbanistas y organizaciones ambientales advirtieron desde el inicio que la obra representaba un riesgo ecológico, urbano y social. La construcción de un segundo piso elevado sobre una vialidad tan estratégica generó rechazo por múltiples razones: fragmentación del espacio público, posible afectación al ecosistema del río, falta de consulta ciudadana, y un enfoque centrado en los automóviles más que en la movilidad sustentable.
La forma en que el gobernador respondió en su momento a estas críticas también contribuyó a la controversia. Sus descalificaciones públicas a quienes se oponían, sumadas al tono confrontativo y la promoción constante del proyecto, contrastan con el giro reciente hacia la prudencia y el distanciamiento.
Activistas y ciudadanos que se manifestaron desde el inicio han señalado que el cambio de discurso no implica necesariamente un compromiso con la protección del espacio urbano, sino una estrategia para evitar el desgaste político y encarar con mayor solidez el año previo a eventos internacionales y posibles definiciones electorales.
Lecciones sobre planeación urbana
El caso del viaducto elevado en Morones Prieto deja al descubierto varias lecciones sobre la forma en que se planean, anuncian y ejecutan las obras públicas en Nuevo León. En primer lugar, pone en evidencia la falta de un plan maestro de movilidad metropolitana con criterios sustentables y de largo plazo. Proyectos de gran escala no pueden plantearse ni descartarse según el calendario político o el humor social del momento.
En segundo lugar, subraya la necesidad de transparencia y consulta pública en cada etapa. Desde el anuncio inicial hasta los trámites de impacto ambiental, la ciudadanía tiene derecho a conocer, opinar y decidir sobre proyectos que transforman su entorno. El uso de figuras legales, como la MIA, no debe usarse como simple formalidad, sino como espacio de deliberación técnica y participativa.
Finalmente, este episodio deja claro que la congruencia en el discurso gubernamental es fundamental. Cuando un gobierno promueve una obra, inicia trámites, la presenta ante empresarios y la defiende públicamente, no puede, meses después, asegurar que nunca fue parte de sus planes. Este tipo de contradicciones socavan la confianza pública y abren la puerta a interpretaciones políticas que trascienden el proyecto mismo.
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