En un acto sin precedentes que ha captado la atención del país, 16 magistrados y 7 jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Nuevo León anunciaron su renuncia en una manifestación pública realizada frente a la sede del PJF en San Pedro. Este importante evento se llevó a cabo el día de ayer, y su efecto es un claro indicativo del descontento que existe en el sistema judicial mexicano ante las reformas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los funcionarios se retirarán de sus cargos a partir del 31 de agosto de 2025 y han decidido declinar participar en el proceso electoral de selección de jueces y magistrados, el cual está contemplado en la reforma judicial recientemente aprobada.
El contexto de estas renuncias es fundamental para entender el descontento de los funcionarios. La reforma judicial tiene como objetivo cambiar la manera en que se seleccionan los jueces y magistrados, promoviendo la elección popular de estos cargos. Esta estrategia ha sido calificada por los renunciantes como “infame” y “maliciosa”, resaltando la preocupación sobre cómo estas medidas alteran de manera significativa la carrera judicial en el país.
Críticas a la reforma judicial
La magistrada Felisa Díaz Ordaz Vera, quien es parte del grupo de funcionarios que han tomado la decisión de renunciar, expresó su rechazo a la reforma en términos muy contundentes. Calificó de “infame” la estrategia del partido Morena, subrayando que “la dignidad tiene un precio muy alto y los dignos no aceptamos rebajas”. Esta afirmación no solo refleja la postura de Díaz Ordaz Vera, sino que también sirve como un eco de las preocupaciones compartidas por otros miembros del PJF.
Por su parte, el magistrado Héctor Guillermo Maldonado también se unió a las críticas, explicando que la renuncia colectiva fue una medida forzada por las circunstancias actuales. “Es una renuncia forzada”, afirmó, al tiempo que advirtió que la reforma ha alterado de manera significativa la carrera judicial, creando un clima de incertidumbre y desconfianza entre los juzgadores.
Entre los magistrados que han decidido dejar sus puestos se encuentra Antonio Ceja Ochoa, quien cuenta con 35 años de experiencia en el PJF. La renuncia de figuras con un amplio recorrido en la judicatura destaca la gravedad de la situación y la alarma que ha generado entre los profesionales del derecho en el país.
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Impacto de la renuncia colectiva
El impacto de esta renuncia masiva es considerable. Se estima que casi 40 jueces y magistrados presentaron su renuncia, aunque no todos pudieron asistir a la manifestación pública. Esta situación pone en tela de juicio la estabilidad del sistema judicial en Nuevo León y plantea serias preguntas sobre el futuro de la justicia en el estado y en el país en general.
La renuncia de estos jueces y magistrados se suma a un contexto ya tenso, donde las reformas impulsadas por el gobierno han generado un descontento creciente no solo entre los jueces, sino también entre los ciudadanos que ven con preocupación el futuro de la justicia en México. En los últimos días, se ha visto un aumento en la actividad de protestas y manifestaciones en defensa de la independencia judicial, lo que sugiere que este tema ha capturado la atención del público en general.
Las críticas hacia la reforma no se limitan únicamente a los jueces. Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho han expresado su preocupación por el impacto que estas reformas podrían tener en la imparcialidad y la independencia del sistema judicial. Muchos sostienen que la selección popular de jueces podría abrir la puerta a la politización de la justicia, lo que a su vez podría comprometer la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
