El incremento en las tarifas de Agua y Drenaje de Monterrey continúa generando preocupación entre las familias de Nuevo León, ya que el ajuste más reciente, aplicado entre los meses de mayo y junio, representa un alza del 2.1%, lo que equivale a siete veces más que la inflación mensual, registrada por el INEGI en un 0.28%.
Aunque las autoridades han defendido la fórmula con la que se calculan estas actualizaciones mensuales, argumentando que considera factores como costos de operación, sueldos y consumo eléctrico, el impacto real sobre los bolsillos de la población se ha vuelto innegable, especialmente para los hogares de menor consumo.
Desde que comenzó el actual sexenio estatal, encabezado por Samuel García, el costo acumulado del servicio ha superado el 70% de aumento, una cifra que supera ampliamente los ajustes generales de precios en el país y ha encendido alertas entre organizaciones civiles, ciudadanos y expertos en políticas públicas.
Aumentos por encima de la inflación
El último ajuste en las tarifas del agua en Nuevo León no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia creciente que ha acompañado al actual gobierno estatal desde 2022. Durante ese tiempo, el esquema de cobros de Agua y Drenaje ha reflejado una serie continua de incrementos que, según la propia institución, responden a múltiples factores técnicos y financieros, y no únicamente al índice inflacionario.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la desproporción entre el aumento más reciente y la inflación oficial. Mientras el INEGI reportó un incremento mensual general de precios del 0.28%, Agua y Drenaje aplicó un alza del 2.1%, es decir, siete veces por encima del índice nacional, lo que evidencia un desfase considerable entre el costo del servicio y el poder adquisitivo de los hogares.
Este fenómeno no solo afecta a los sectores con mayor consumo de agua. De hecho, los más perjudicados han sido muchos de los hogares de bajo consumo, quienes desde 2022 también han registrado alzas significativas, pese a que inicialmente se prometió que no serían impactados por los ajustes.
A esto se suma el hecho de que los cobros incluyen conceptos como cuota fija, drenaje y saneamiento, algunos de los cuales están sujetos al cobro de IVA, lo que incrementa aún más la cantidad total reflejada en el recibo.
Pozos y socavones provocados por fallas de AyD tienen meses en espera de ser reparados, pero estos solo aumentan.#ElNorteLocalhttps://t.co/SFszgabvib
— elnortelocal (@elnortelocal) June 15, 2025
El agua, cada vez más costosa
La promesa de eficiencia y modernización en los servicios públicos ha chocado con una realidad que, en cifras, refleja un constante aumento en los costos para la población. En el caso del servicio de agua potable, la gestión estatal ha defendido sus decisiones argumentando que se trata de un proceso técnico inevitable derivado del mantenimiento de infraestructura, inversión en obras hidráulicas y la necesidad de enfrentar el contexto climático de la región.
No obstante, las críticas ciudadanas apuntan a que los aumentos no han sido proporcionales con la mejora del servicio. En muchas zonas del estado, aún persisten problemas de presión, cortes inesperados y fugas, por lo que el alza en los precios no se traduce en mayor calidad ni en eficiencia comprobable.
A lo largo del gobierno actual, el recibo del agua se ha convertido en una preocupación mensual, especialmente para las familias con ingresos limitados. La narrativa oficial sobre “ajustes necesarios” ha sido cuestionada, sobre todo por organizaciones que promueven el derecho al acceso equitativo al agua como bien básico y no como un privilegio.
Las comparaciones con otras entidades del país también generan inquietud, ya que en algunos estados con condiciones similares de abastecimiento, los incrementos han sido más moderados o se han aplicado de forma gradual y con subsidios a sectores vulnerables.
Descontento ciudadano en aumento
En medio de este panorama, la inconformidad social ha comenzado a manifestarse con más fuerza. A través de redes sociales, foros vecinales y organizaciones comunitarias, se ha hecho evidente el malestar de los usuarios, quienes cuestionan el papel del gobierno estatal en la gestión del agua y la falta de medidas para mitigar el impacto económico que representan estos incrementos.
Algunos ciudadanos incluso han comenzado a solicitar revisiones en sus recibos, al considerar que los montos facturados no reflejan su consumo real, especialmente en hogares que han implementado medidas de ahorro.
Además, en distintos sectores, hay voces que exigen mayor transparencia en el destino del dinero recaudado por Agua y Drenaje, especialmente en lo que respecta a los proyectos de infraestructura anunciados, cuyo avance no siempre ha sido visible o comprobable para la ciudadanía.
El tema del agua, históricamente sensible en la región por su escasez y mala distribución, vuelve a estar en el centro del debate público. El reclamo no es solo por el alza en los precios, sino por una sensación generalizada de abandono, en la que el aumento constante se percibe más como una carga que como una solución sostenible.
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