La situación política en Nuevo León se complica aún más para el Gobernador Samuel García, tras una reciente resolución unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este fallo implica que el Congreso local debe imponer las sanciones que considere necesarias por las diversas intromisiones del Mandatario estatal en el proceso electoral. Este sería el cuarto requerimiento que el TEPJF hace para sancionar al Gobernador por su injerencia en el ámbito electoral, lo que refleja una creciente preocupación por el respeto a la equidad y la neutralidad en la contienda política.
La primera sanción que enfrentó García fue a raíz de una rueda de prensa que llevó a cabo antes del inicio de su fallida precampaña presidencial. Durante este evento, se centró en resaltar su trayectoria política y sus acciones de gobierno, lo que fue considerado como un uso indebido de su posición para favorecer su imagen pública. Esto marcó el inicio de una serie de intervenciones que levantarían las cejas de las autoridades electorales, quienes comenzaron a observar con mayor detenimiento las acciones del Gobernador.
Las violaciones de Samuel García a la equidad electoral
El 19 de septiembre, la Sala Superior del TEPJF confirmó que García violó la equidad en la contienda presidencial. Durante una conferencia de prensa, dedicó casi 28 minutos a criticar a Francisco Cienfuegos, un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este tipo de intervenciones, donde el Mandatario se presenta ante los medios como figura central, han suscitado críticas sobre la imparcialidad que se espera de los funcionarios públicos en un proceso electoral.
Aquel mismo día, la Sala Especializada también sancionó a García por su participación en un evento que reunió a miembros de su partido, Movimiento Ciudadano (MC), el 14 de febrero. Esta acumulación de sanciones ha llevado a un clima de creciente tensión política y una percepción de que el Gobernador está utilizando su posición para influir en el electorado, lo que podría tener repercusiones graves en su carrera política y en la imagen de su partido.
El 17 de febrero, las acciones del Gobernador nuevamente se pusieron bajo la lupa, al considerar que había sobrepasado los límites de la libertad de expresión. En esa ocasión, publicó en sus redes sociales una encuesta que mostraba a los candidatos Colosio y Herrera aventajando en la contienda por el Senado. Aunque en un primer momento la Sala Especializada determinó que no había un desvío de recursos, ya que se trataba de publicaciones en sus redes personales, la situación cambió rápidamente.
Revisión de las acciones de Samuel García
En un giro importante, la Sala Superior decidió por unanimidad que las acciones de García sí vulneraron la equidad en la contienda electoral y que había transgredido el Artículo 134 de la Constitución. Este artículo establece los principios de imparcialidad y neutralidad que deben seguir los funcionarios públicos durante los procesos electorales. Como resultado, el Tribunal ordenó a los magistrados regionales revisar nuevamente el caso y aplicar la sanción correspondiente.
Recientemente, la Sala Especializada determinó que efectivamente hubo uso indebido de recursos públicos atribuidos a García. Esto representa un grave incumplimiento de los deberes de un funcionario público, ya que se esperaba que actuara de manera imparcial en el contexto de la campaña electoral. Esta decisión no solo resalta la responsabilidad del Gobernador, sino también la importancia de garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para favorecer a ningún candidato o partido en particular.
Aviso al Congreso local
Ante la gravedad de la situación, el TEPJF ha enviado un aviso al Congreso del Estado de Nuevo León a través de la presidencia de la Mesa Directiva para que se lleven a cabo las acciones correspondientes. Esto incluye la imposición de sanciones al Gobernador por su conducta en el marco electoral. Es un recordatorio de que el cumplimiento de las normas electorales es fundamental para mantener la integridad de las elecciones y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La resolución del TEPJF subraya la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y respeten los principios que rigen la contienda electoral. La falta de respeto hacia estas normas no solo afecta la imagen de un líder político, sino que también pone en riesgo la democracia en su conjunto. En este sentido, se espera que el Congreso local tome medidas decisivas que envíen un mensaje claro sobre la importancia de mantener la equidad y la transparencia en los procesos electorales.
Comunicado a la Comisión Anticorrupción
El Congreso local también ha actuado rápidamente en respuesta a la situación. Ayer, se remitió con carácter de urgencia un escrito del Instituto Nacional Electoral (INE) a la Comisión Anticorrupción. Este documento notifica que el Gobernador Samuel García ha vulnerado los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la pasada contienda electoral. El INE ha señalado que su comportamiento ha incurrido en el uso indebido de recursos públicos, lo que implica la necesidad de que el Gobernador sea sancionado por su conducta.
El escrito, firmado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE, José Ángel Medina Flores, detalla la sentencia emitida y reafirma la importancia de actuar en concordancia con los principios establecidos para proteger la integridad del proceso electoral.
