El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se enfrenta a múltiples críticas por sus más recientes contradicciones, pues en sus inicios como diputado defendía unas posturas a las que hoy, como Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, les ha dado la espalda con tanta soltura. Entre el presupuesto y el tarifazo, el gobernador ha dejado entrever las fisuras en sus posturas políticas y por ahí se fugan las promesas.
Samuel García de Diputado Defendía la Facultad del Congreso por Modificar Presupuesto; el Ahora Gobernador Se Opone
En diciembre de 2015, Samuel García, entonces coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, defendió enérgicamente la facultad del Congreso para modificar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo. Durante el debate legislativo, García subrayó la importancia de la división de poderes y el equilibrio entre facultades.
“División de Poderes significa equilibrio de facultades y contrapesos, nunca, nunca, una confrontación entre los mismos”, declaró en aquella ocasión.
Además, argumentó que permitir al Ejecutivo mover el presupuesto con discrecionalidad era una debilidad en el sistema. Su postura quedó registrada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2015.
La reforma, que respaldaba las facultades del Congreso en esta materia, fue aprobada por unanimidad en marzo de 2016. Sin embargo, al momento de la segunda vuelta, aunque votó a favor en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, García optó por abstenerse en la votación del Pleno.
La Discrepancia como Gobernador
Ya en su rol como gobernador, Samuel García ha adoptado una postura contraria. El 7 de diciembre de 2023, durante un conflicto con el Congreso local, advirtió que no aceptaría modificaciones a su propuesta de ingresos para 2024:
“Si me modifican una coma, desde hoy les digo: no va a haber Presupuesto y voy a aplicar conforme a la Constitución la tácita reconducción, y los voy a dejar en ceros”, afirmó.
Esta declaración provocó críticas, pues contrasta con su defensa de la capacidad del Congreso para intervenir en el presupuesto cuando era diputado. García, quien anteriormente enfatizó la corresponsabilidad legislativa en el manejo del gasto público, ahora se opone rotundamente a cualquier cambio en su propuesta.
El debate sobre este tema ha escalado, evidenciando las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Nuevo León. Los legisladores, por su parte, argumentan que su papel es garantizar que el presupuesto sea equitativo y beneficie a la ciudadanía.
Entre Otras Contradicciones: El Tarifazo
Otro de los temas en los cuales Samuel García se ha contradicho es en el tarifazo. El secretario de movilidad de su administración autorizó, inadvertidamente, un incremento en la tarifa electrónica, pasando de 12 a 15 pesos, y en enero podrá llegar a 17.
Los apoyos, descuentos en compras de viajes por adelantado, depósitos para movilidad desaparecieron después de las elecciones y el gobernador, que en tiempos del bronco se pronunció en contra del tariazo, defendiendo el derecho de los ciudadanos a un transporte eficiente, público y accesible, hoy a dado luz verde a un aumento gradual para cubrir “gastos operativos”.
El trasfondo político de la controversia
La contradicción de Samuel García ha avivado la discusión sobre la relación entre los poderes del estado. Mientras que en 2015 defendió el fortalecimiento del Legislativo, en 2023 sostiene una postura que muchos consideran centralista. Esta aparente contradicción refleja la influencia del contexto político en las decisiones de los funcionarios públicos.
Por otro lado, los legisladores han recordado que el equilibrio entre poderes es esencial para garantizar la transparencia y evitar el abuso de autoridad. Las declaraciones de García como diputado y gobernador son ejemplos de cómo las posturas pueden cambiar dependiendo del rol que se ocupe.
La actitud de Samuel García plantea interrogantes sobre si su cambio de postura responde a un ajuste político o a una reinterpretación de las facultades constitucionales. En cualquier caso, la controversia subraya la necesidad de un diálogo constructivo entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar el estancamiento político.
