Una investigación reciente de la revista Proceso ha arrojado luz sobre los oscuros nexos financieros del gobernador de Nuevo León, Samuel García, con el crimen organizado. El reportaje detalla cómo la fortuna de García, acumulada a través de sus despachos legales, podría estar vinculada a actividades de blanqueo de dinero asociadas con el Cártel de los Beltrán Leyva. Esta revelación plantea serias dudas sobre la integridad de la administración del gobernador y su entorno cercano.
Investigaciones sobre los Despachos del Gobernador
La investigación de Proceso revela que los despachos propiedad de Samuel García, Firma y Jurídica Fiscal y GMA Firma Jurídica Fiscal, han acumulado ingresos que suman aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos entre 2016 y 2023. Estos montos sugieren una actividad financiera considerable, que ha llamado la atención de las autoridades debido a la falta de claridad en la procedencia de estos fondos.
Además, el reportaje destaca la conexión entre los despachos de García y el blanqueo de recursos para el Cártel de los Beltrán Leyva. La Consultoría Lefinco, fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, quien es cercano al gobernador, ha sido identificada como un nodo clave en esta red de triangulación financiera. La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado revela que Lefinco ha recibido pagos de Suministro MYR, que a su vez ha canalizado grandes sumas de dinero hacia los despachos de García.
La investigación subraya que la Consultoría Lefinco juega un papel central en las triangulaciones de fondos. Se estima que, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, al menos 21 millones de pesos han sido blanqueados a través de empresas vinculadas a los Beltrán Leyva. Este monto representa una parte significativa de las operaciones ilegales que involucran a García y su red.
Empresas Ligadas al Cártel y Operaciones de Blanqueo
El reportaje también identifica a varias empresas que, según la investigación, están vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva y han realizado pagos a Lefinco. Entre estas empresas se encuentran Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría. Esta última, MFI Servicios y Asesoría, ha sido denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Tamaulipas como una facturera utilizada para el lavado de millones de pesos.
Estas empresas, involucradas en actividades de blanqueo, están asociadas con Norberto Valencia González, conocido como “Socialitos”, quien fue detenido en 2023 y es señalado como uno de los principales lavadores de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva. Además, se menciona a José Rodolfo Villarreal Hernández, alias “El Gato”, quien es descrito como el líder del grupo criminal en la zona de San Pedro.
La investigación de Proceso sugiere que el entramado financiero que involucra a estas empresas y al gobernador Samuel García es mucho más amplio de lo que se había anticipado. Los hallazgos revelan una red compleja de operaciones financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos y su integración en el sistema económico legal.
Contexto y Repercusiones de la Investigación
Los hallazgos de la revista Proceso forman parte de una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esta investigación busca desentrañar las conexiones entre los despachos del gobernador y el crimen organizado, así como las implicaciones legales y políticas de estas revelaciones.
La conexión entre el gobernador Samuel García y el Cártel de los Beltrán Leyva plantea serias preocupaciones sobre la integridad de su administración y la posibilidad de corrupción a gran escala. La magnitud de los ingresos de los despachos involucrados, combinada con la participación de empresas fachada y los vínculos con figuras clave del crimen organizado, destaca la necesidad de una investigación exhaustiva para aclarar los hechos.
Las implicaciones de estos hallazgos podrían ser significativas para el futuro político de García y para la percepción pública de su administración. La creciente evidencia de vínculos con actividades ilícitas y el blanqueo de dinero subraya la importancia de una respuesta adecuada por parte de las autoridades para abordar las preocupaciones y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
