El gobernador de Nuevo León, Samuel García, está en el centro de una tormenta de controversias debido a presuntas prácticas de extorsión y corrupción, que han beneficiado económicamente a sus despachos de abogados.
Ingresos millonarios por extorsión
Durante la administración de Samuel García, dos de sus despachos de abogados, Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal S.C., han generado ingresos superiores a 1,781 millones de pesos. Este notable incremento en sus ingresos se debe a una presunta red de extorsión dirigida a transportistas y empresarios de hidrocarburos. Según testimonios, la Dirección General de Comercio Exterior del estado incauta mercancías y cobra entre 200 y 400 dólares por pipa de gasolina retenida. Los empresarios afectados se ven obligados a contratar los servicios de estos despachos para liberar sus bienes, aumentando así los ingresos de las firmas legales.
La falta de transparencia en estas operaciones ha causado una gran indignación entre la ciudadanía, que exige una auditoría exhaustiva para esclarecer los detalles de la compra y el manejo de los fondos públicos. La percepción de un uso indebido de los recursos públicos ha aumentado la presión sobre el gobernador García para que rinda cuentas sobre estas actividades.
Triangulación de fondos y cuestionamientos legales
La polémica se agrava con informes periodísticos que revelan que uno de los despachos de García recibió 200 millones de pesos de un proveedor estatal, sin especificar los servicios prestados. Esta triangulación de fondos ha generado serias dudas sobre la ética y legalidad de estas operaciones, poniendo en riesgo la credibilidad de García y su administración.
Carlos Contreras Segovia, titular de la Dirección General de Comercio Exterior, es señalado como el operador principal de estas actividades. Con un historial de denuncias por corrupción durante su tiempo en el SAT, Contreras Segovia ha sido acusado de manipular documentos para beneficiar a empresas evasoras de impuestos. Su rol en esta trama refuerza las acusaciones de prácticas corruptas dentro de la administración de García, incrementando la desconfianza pública.
Samuel García Impacta el Sector de Hidrocarburos
El esquema de extorsión ha tenido un impacto devastador en el sector de hidrocarburos de Nuevo León. Empresas como Petrolíferos Lobo S de RL de CV, Enerey Latinoamérica S de RL de CV, y Maquiladora de Lubricantes SA de CV han pagado millones de pesos a los despachos de García para liberar sus bienes retenidos. Esta dinámica de coerción y corrupción no solo perjudica a las empresas afectadas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales.
El monto acumulado por estas prácticas asciende a 370 millones de pesos, mostrando la magnitud de la red de extorsión. Las repercusiones económicas y reputacionales para las empresas y el gobierno estatal son profundas, incrementando las demandas de una auditoría exhaustiva y la implementación de medidas correctivas.
