La polémica por el manejo de recursos ambientales en Nuevo León sigue creciendo. En esta ocasión, la asociación Reforestación Extrema, dirigida por Cosijoopii Montero, volvió a recibir un contrato millonario del Gobierno estatal, pero bajo condiciones aún más laxas que en años anteriores.
Lejos de establecer mayores candados de transparencia, la Secretaría de Medio Ambiente optó por reducir los requisitos de comprobación. Ahora, en lugar de entregar reportes detallados con estados de cuenta y facturas, basta con que la organización entregue un documento donde describa de manera general en qué gastó los fondos.
Contrato con menos requisitos
En 2023, el convenio exigía reportes trimestrales que incluyeran comprobantes y evidencia financiera. Este esquema, aunque no era totalmente público, permitía al menos cierto grado de seguimiento. Sin embargo, el acuerdo vigente —que entró en operación desde diciembre de 2024— eliminó esas obligaciones.
El documento, firmado por Alfonso Martínez cuando todavía ocupaba el cargo de Secretario de Medio Ambiente, establece que Reforestación Extrema solo deberá presentar un informe narrativo de actividades. Dicho reporte, firmado por el representante legal, no requiere estados de cuenta ni comprobantes de gasto.
320 millones sin rendición de cuentas
De acuerdo con los registros, hasta mayo de este año la asociación había recibido más de 320 millones de pesos. Estos recursos provienen de compensaciones económicas que empresas y particulares pagan por el impacto ambiental de sus obras, dinero que normalmente debería ingresar a la Tesorería del Estado.
En lugar de eso, la Secretaría permite que se transfiera directamente a organizaciones como Reforestación Extrema, bajo el argumento de que se trata de “recursos privados”. Este esquema los exime de aplicar las leyes de adquisiciones y fiscalización, aunque en realidad se trata de fondos con un origen claramente público.
Estado sustituye convenio que permitía a Reforestación Extrema recibir cientos de millones de pesos sin transparencia, por otro más opaco.#elnortelocalhttps://t.co/XASN4H6ShZ
— elnortelocal (@elnortelocal) August 25, 2025
Opacidad y críticas ciudadanas
La decisión de flexibilizar el convenio ha generado duras críticas. Colectivos ambientales y especialistas en rendición de cuentas advierten que este tipo de acuerdos favorece la discrecionalidad y limita la vigilancia ciudadana sobre el destino de los recursos.
El Instituto de Transparencia local había señalado previamente que la información sobre el uso de estos fondos debía hacerse pública. No obstante, el Gobierno estatal optó por reducir los reportes exigidos, dejando a Reforestación Extrema con un amplio margen de maniobra para manejar el dinero sin controles efectivos.
Impacto en la confianza pública
Este esquema mina la credibilidad de las políticas ambientales del Estado. Mientras Nuevo León enfrenta problemas serios de contaminación y deforestación, las autoridades prefieren entregar recursos millonarios a una asociación sin que exista una verificación rigurosa de su aplicación.
La eliminación de reportes financieros no solo representa un retroceso en materia de transparencia, sino que también alimenta la percepción de corrupción. Para la ciudadanía, resulta incomprensible que se relajen los mecanismos de control justo en un contexto donde los recursos ambientales son más necesarios que nunca.
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