En una nueva y preocupante revelación, la Fiscalía General de la República (FGR) está a punto de presentar cargos por lavado de dinero y defraudación fiscal contra Samuel García Sepúlveda, el Gobernador de Nuevo León; su esposa, la influyente Mariana Rodríguez; y sus padres. La información, obtenida por el periodista José Gil Olmos de la revista Proceso, indica que la FGR ha descubierto una red de lavado de dinero que involucra a las empresas fantasma Grupo Renok y Zulamak, ubicadas en Nuevo León.
Según Olmos, Samuel García y sus familiares habrían movilizado al menos 40 millones de pesos a través de estas empresas, sin declarar dicha cantidad al fisco. Esta presunta operación fraudulenta podría poner en riesgo no solo el futuro político del gobernador electo sino también el proyecto político de su partido, Movimiento Ciudadano, de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Movilización masiva de recursos no declarados por empresas factureras
La investigación de la FGR sugiere que la red de lavado de dinero se estableció mediante un mecanismo que incluiría movilización masiva de recursos, falta de declaración fiscal y el uso de empresas factureras como fachada, según detalla Olmos en su informe.
Las empresas clave en esta red, Grupo Renok y Zulamak, han sido calificadas como “EFOS” (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda. Estas empresas están registradas en listas negras desde 2015 y 2018, emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con los activos necesarios para respaldar dichas operaciones.
Este escándalo se suma a las sanciones recientes impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Samuel García y Movimiento Ciudadano. El INE aplicó una multa de 448 mil pesos al gobernador por la promoción realizada por su esposa, Mariana Rodríguez, y sancionó al partido con 55.4 millones de pesos por permitir la participación de la influencer en la campaña política.
Campaña de Samuel García financiada ilegalmente
Además, el INE reveló que Samuel García financió su campaña a través de un esquema ilegal de triangulación de recursos, involucrando a su madre, hermanos y empresas con domicilio fiscal compartido. Esta información fue remitida a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para abrir una investigación adicional.
Movimiento Ciudadano ha anunciado su intención de impugnar estas decisiones, afirmando que no permitirán que se manche el triunfo legal de Samuel García. Confían en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldará su posición, recordando incidentes similares en 2018.
La situación legal de Samuel García y su entorno familiar se complica cada vez más, y Monterrey, Nuevo León, sigue de cerca el desarrollo de este escándalo que amenaza con tener repercusiones significativas en la política local y nacional. Mantente informado para conocer los últimos acontecimientos.
