La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó una decisión crucial en relación con el uso de recursos públicos por parte del Gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Esta resolución establece que el mandatario utilizó fondos públicos para promover las candidaturas al Senado de Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Patricia Herrera González a través de sus plataformas en redes sociales. Este caso plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la ética en el manejo de recursos públicos en el contexto electoral.
Uso indebido de recursos públicos por parte de Samuel García
En una sesión pública reciente, los magistrados de la Sala Especializada llegaron a la conclusión de que el Gobernador García actuó en beneficio directo de los candidatos mencionados al hacer publicaciones en sus redes sociales, lo que constituye una violación de los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad durante el proceso electoral.
Como resultado, el Tribunal notificó al Congreso de Nuevo León, a través de la presidencia de la mesa directiva, para que tome las medidas pertinentes relacionadas con esta irregularidad.
En su dictamen, la Sala Especializada subrayó que hubo un claro beneficio para Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Patricia Herrera González, quienes aspiraban a ocupar un escaño en el Senado de la República, así como para el propio Movimiento Ciudadano. Esta decisión llevó a la imposición de multas individuales para ambos candidatos en el marco de la sentencia dictada por el Tribunal.
Respaldo ilegal y nuevas denuncias
La situación se complica aún más con la revelación de que el Gobernador recibió apoyo no autorizado de diputados locales de Movimiento Ciudadano durante una sesión legislativa, donde se promovió su aspiración a la Presidencia. Este respaldo fue documentado en las redes sociales del grupo parlamentario, lo que añade otra capa de cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones del mandatario.
Además, el Tribunal también abordó otras quejas relacionadas con la promoción de mensajes en espacios públicos, tales como las pintas en bardas que decían “Soñemos con un presidente regio” o “Soñemos con un presidente norteño”. Sin embargo, en este caso, se determinó que el plazo para resolver dicha denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) había caducado, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre cómo se manejarán futuras quejas de esta naturaleza.
Un contexto de controversia electoral
Este reciente fallo se suma a un contexto de creciente controversia en la política de Nuevo León. A tan solo unos días de la resolución del Tribunal, se reabrió el expediente SRE-PSL-33/2024, donde se determinó de manera unánime que Samuel García utilizó recursos públicos para favorecer a Colosio Riojas y Herrera.
Es importante señalar que, aunque se argumentó que los candidatos no tenían conocimiento previo de la promoción realizada por García, el Tribunal finalmente optó por imponerles multas, lo que sugiere que la responsabilidad recae tanto en el funcionario como en los beneficiarios de su apoyo. Esta decisión enfatiza la importancia de la responsabilidad compartida en el manejo de recursos públicos durante campañas electorales.
Antecedentes de Samuel García y el TEPJF
En un episodio anterior, el 5 de julio, la Sala Regional Especializada ya había encontrado a García culpable de beneficiar al excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez mediante el uso indebido de recursos públicos, lo que generó un intenso debate sobre la legalidad de su actuación. La controversia se intensificó cuando, un mes después, el Tribunal revocó la sanción impuesta, argumentando que la participación del Gobernador no implicaba necesariamente una violación de las normas electorales sin un análisis contextual más profundo.
Cabe mencionar, que el TEPJF también sancionó al Gobernador por incitar a las personas a participar en la rifa de la cybertruck naranja, con el fin de apoyar la campaña presidencial del entonces candidato Jorge Álvarez Maynez.
El Tribunal Electoral tiene la tarea de velar por el cumplimiento de las normativas que regulan la contienda electoral, y su reciente decisión sobre Samuel García representa un paso hacia la rendición de cuentas.
