El gobierno estatal busca implementar un incremento en la tarifa del transporte público urbano, llevándola de 15 a 17 pesos a partir de enero próximo. Este ajuste, que representa un aumento del 41.7% en un año, ha generado controversia entre ciudadanos, legisladores y representantes de cámaras empresariales. El argumento principal del Estado es que la tarifa tiene un rezago de 12 años, aunque sectores vulnerables y grupos sociales demandan mayor claridad en los beneficios y tarifas preferenciales.
Más Aumento de Tarifa en Transporte Público
La propuesta, presentada en una reunión privada del Comité Técnico del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), plantea actualizar la tarifa para cubrir costos operativos del sistema de transporte público. Según Rita Bustamante, encargada del Comité Técnico, el costo real del servicio sería de 22.88 pesos, pero los usuarios pagarían 17 pesos, sugiriendo que el gobierno ya subsidia una parte. Este ajuste, asegura el gobierno, es necesario para garantizar la operatividad del sistema, cuyos ingresos ya no son controlados por transportistas.
Sin embargo, la iniciativa no establece diferencias entre las tarifas de los nuevos camiones estatales y las unidades tradicionales, lo que ha generado dudas sobre su equidad. Además, no se han definido tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores, ni se presentó un esquema de subsidios que alivie el impacto del incremento en los sectores más vulnerables.
Por su parte, Rocío Montalvo, diputada de Movimiento Ciudadano y representante del Congreso en el Comité, expresó su preocupación por la falta de un enfoque social en la propuesta. “No queremos que Nuevo León siga teniendo la tarifa más cara del país”, declaró durante una transmisión de la junta. Montalvo también enfatizó la necesidad de considerar un modelo tarifario que contemple la situación económica de los usuarios.
Reacciones y debate en torno al incremento
La propuesta ha sido recibida con escepticismo por representantes empresariales y legisladores. El representante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se negó a avalar el aumento sin realizar un análisis más profundo y consultar a los socios de la Cámara. Asimismo, varios legisladores han cuestionado la falta de transparencia en la presentación de los datos y han pedido que se aclare cómo se utilizarán los recursos adicionales generados por la tarifa.
A nivel ciudadano, el incremento ha provocado preocupación debido a su impacto en la economía familiar. Los usuarios del transporte público ya enfrentan un servicio que, según ellos, no cumple con los estándares de calidad necesarios, a pesar de los aumentos previos. Además, la reducción de los descuentos en los transbordos genera una carga económica adicional para quienes dependen de más de una ruta para llegar a sus destinos.
El proceso de aprobación también ha sido objeto de críticas. Aunque el Comité Técnico del IMA puede avalar la propuesta, la decisión final recae en la Junta de Gobierno del Instituto, compuesta mayoritariamente por funcionarios del gobierno estal. Aunque hay representación de usuarios, transportistas y cámaras empresariales, estos grupos tienen un poder limitado en la toma de decisiones.
Perspectivas y Próximos pasos
Fuentes estatales han indicado que se busca aprobar el aumento antes de fin de año para implementarlo en enero de 2025. Sin embargo, la falta de consenso en el Comité Técnico y las demandas de los diferentes sectores involucrados podrían retrasar el proceso. Una nueva reunión será programada para discutir la propuesta y explorar posibles modificaciones que atiendan las inquietudes de los ciudadanos.
En este contexto, es vital que el gobierno estatal y el IMA desarrollen un esquema tarifario más inclusivo. Esto incluye la diferenciación de tarifas según el tipo de unidad, la implementación de tarifas preferenciales para estudiantes y adultos mayores, y la consideración de subsidios que minimicen el impacto en los sectores más vulnerables.
La situación también plantea un desafío para las autoridades en términos de transparencia. La ciudadanía espera una justificación clara de los incrementos y un compromiso con la mejora del servicio, incluyendo la renovación de unidades y la optimización de rutas.
El debate sobre el incremento de tarifas no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en juego la credibilidad del sistema de transporte público por el cual tanto abogaba el gobierno estatal de Samuel García.
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