Una nueva propuesta legislativa presentada por el senador Waldo Fernández ha desatado controversia en Nuevo León. El legislador impulsa una reforma para prohibir el uso de vehículos todoterreno, RZR y paseos en ruta dentro de las áreas naturales protegidas del estado, bajo el argumento de proteger el medio ambiente. Sin embargo, el enfoque de la iniciativa ha generado fuertes críticas entre ciudadanos, clubes recreativos, ambientalistas y representantes de la industria turística, quienes advierten que en lugar de establecer un marco regulatorio ordenado, la propuesta prioriza las multas y las restricciones severas.
El punto más polémico de la propuesta es la imposición de sanciones económicas de hasta 22 mil pesos para quienes incumplan las nuevas reglas. Este modelo de castigo ha sido interpretado por muchos como una medida más orientada a recaudar dinero que a resolver de fondo los problemas de impacto ambiental.
Prohibición sin regulación previa
De acuerdo con la iniciativa presentada, cualquier persona que ingrese a las áreas protegidas con un RZR o vehículo todoterreno podrá ser sancionada con multas de entre 150 a 200 UMAs, es decir, desde 16 mil 971 pesos hasta 22 mil 628 pesos. El proyecto no contempla, por ahora, rutas autorizadas, normas de circulación específicas, ni horarios de uso.
Distintos colectivos ciudadanos han señalado que el verdadero problema es la ausencia de regulación actual. Actualmente no existen rutas debidamente delimitadas, ni planes oficiales de manejo de las zonas naturales para estas actividades recreativas. Las críticas apuntan a que el gobierno ha sido omiso durante años en ordenar el uso responsable de estos espacios, permitiendo el crecimiento desorganizado de rutas improvisadas. Ahora, lejos de corregir el vacío legal, pretenden imponer sanciones sin ofrecer alternativas viables.
“No se puede castigar lo que no se ha regulado. Primero deben establecerse rutas autorizadas, normas ambientales claras y una infraestructura mínima que permita practicar el deporte de manera responsable”, expresaron representantes de clubes de rutas off-road en el estado.
Rechazo social por enfoque recaudatorio contra RZR
Para amplios sectores de la población, el contenido de la propuesta refleja un intento de criminalizar una actividad que ha generado turismo recreativo, derrama económica y espacios de convivencia familiar durante años. Hoteles, restaurantes, proveedores de refacciones, talleres, servicios turísticos y comunidades rurales han encontrado en los paseos en ruta una fuente de ingresos que beneficia la economía regional.
“No nos negamos a cuidar el medio ambiente, pero esta iniciativa parece diseñada para recaudar dinero a través de las multas, no para buscar soluciones reales. No hay educación ambiental, ni programas de manejo de visitantes, ni vigilancia adecuada. Solo castigos económicos severos”, señalaron líderes de agrupaciones recreativas.
Además, advierten que la aplicación de sanciones tan elevadas sin criterios claros de vigilancia puede dar pie a prácticas discrecionales o actos de corrupción por parte de quienes tengan la facultad de imponer las multas.
Actividad recreativa sin alternativas seguras
Actualmente, miles de personas practican actividades recreativas en vehículos todoterreno los fines de semana en distintos puntos del estado, especialmente en zonas rurales y montañosas. Estas rutas no solo son un espacio de esparcimiento, sino que también representan una alternativa de convivencia social que conecta a familias, amigos y comunidades.
Con la prohibición propuesta, muchos temen que al no ofrecerse rutas legales y ordenadas, los paseos sigan realizándose de forma clandestina y sin control, aumentando incluso los riesgos para el medio ambiente y los propios participantes. “El desorden es consecuencia de la falta de regulación, no de la actividad misma. Lo que se necesita es organizarla, no castigarla”, agregan los críticos.
Expertos en derecho ambiental han advertido que los modelos exitosos de regulación de vehículos recreativos en otros países no parten de la prohibición absoluta, sino de planes de manejo responsables, delimitación de áreas permitidas, cuotas de acceso, programas de educación ambiental, sistemas de vigilancia y sanciones razonables.
Waldo Fernández propone limitar los RZR en zonas protegidas de NL con multas de hasta 22 mil pesos. Pero hay dudas sobre la falta de controles de vigilancia y si realmente buscan cuidar el ambiente o solo recaudar. ¿Tú qué opinas? ⛰️
— Enbroncados (@Enbroncados_mty) June 23, 2025
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Falta de diálogo con los sectores afectados
Otro de los grandes cuestionamientos que ha generado la iniciativa de Waldo Fernández es la falta de apertura y diálogo previo con los sectores directamente involucrados. Los clubes recreativos, operadores turísticos, empresarios locales y expertos ambientales coinciden en que el tema debió ser sometido primero a un proceso de construcción colectiva, donde se pudieran evaluar las necesidades, los riesgos y las mejores soluciones para equilibrar conservación y disfrute recreativo.
“En vez de sentarse a construir un marco regulatorio integral, deciden legislar desde el escritorio, sin escuchar a quienes conocen la realidad de estas actividades. Así no se resuelven los problemas ambientales, solo se generan nuevos conflictos sociales”, afirmaron representantes de asociaciones off-road.
La propuesta todavía deberá ser analizada y discutida en los próximos meses. Mientras tanto, el debate ya está encendido entre quienes ven en esta iniciativa una medida desequilibrada, poco técnica y más orientada a llenar las arcas públicas que a construir un verdadero modelo de protección ambiental con participación ciudadana.
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