Los organismos autónomos de Nuevo León, como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Instituto Estatal Electoral y otros, han advertido sobre una posible crisis financiera debido a la reducción presupuestas contemplada en el presupuesto estatal para 2025.
Durante la mesa de trabajo del “Paquete Fiscal”, organizada por la Comisión de Presupuesto del Congreso local, los titulares de estos organismos señalaron que los recortes presupuestales podrían comprometer gravemente su operación.
Organismos Autónomo Claves en Riesgo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Arturo Salinas Garza, expresó que los 3,175 millones de pesos asignados al Poder Judicial representan 37 millones menos de lo solicitado, cifra insuficiente para cubrir siquiera los gastos operativos básicos. Según Salinas, el 90% del presupuesto de gasto corriente se destina a servicios personales, dejando pocos recursos para otras áreas.
José Arturo Salinas Garza presidente del Tribunal Superior de Justicia
“Estamos llegando a un punto crítico. La falta de recursos afecta desde la compra de papelería hasta servicios generales esenciales para la impartición de justicia”, explicó Salinas.
Agregó que, aunque la operación virtual ha permitido ciertos ahorros, la carga laboral y las necesidades materiales siguen aumentando.
Por su parte, Pedro Arce Jardón, encargado de la Fiscalía General del Estado, señaló que el déficit de personal es una de las mayores problemáticas. Con ministerios públicos que atienden hasta 270 carpetas de investigación cada uno, el retraso en la resolución de casos es inevitable. Arce solicitó un presupuesto de 4,560 millones de pesos, más 570 millones adicionales para proyectos estratégicos como un centro de justicia para mujeres y una academia de formación.
Deudas y Recortes que Implican la Operación
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) enfrenta una situación especialmente crítica. Su presidenta, Beatriz Adriana Camacho Carranco, afirmó que el gobierno estatal adeuda 196 millones de pesos al organismo. Esta falta de recursos ha generado una crisis que podría llevar a la institución a tomar acciones legales para obtener el dinero necesario.
Camacho indicó que, debido al incumplimiento estatal, el IEEPC no tiene recursos suficientes para cubrir la segunda quincena de diciembre. Además, señaló que ya se han comunicado con los partidos políticos para explicarles la situación, destacando que la falta de financiamiento afecta no solo al instituto, sino también a la transparencia y legalidad de los procesos electorales.
Otros organismos, como la Comisión de Derechos Humanos (CEDH), la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Transparencia, también enfrentan recortes significativos. La CEDH, por ejemplo, solicitó 138 millones de pesos, pero solo se le asignaron 121 millones, comprometiendo su capacidad para atender la creciente carga laboral.
El Auditor Superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil, mencionó que los 475 millones asignados a su dependencia son insuficientes para operar un laboratorio de fiscalización de obras de pavimentación, una herramienta esencial para garantizar la transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura.
Proyectos en Riesgo
Los recortes también afectan proyectos específicos que buscan mejorar la infraestructura de justicia y transparencia en el estado. Entre ellos destacan la construcción de un centro de justicia para mujeres y la creación de una academia de formación para la Fiscalía. Ambos proyectos están en pausa debido a la falta de financiamiento.
Un largo camino para asegurar más recursos
La lucha por un presupuesto justo no es nueva para los organismos autónomos. En los últimos años, han enfrentado recortes y deudas que dificultan su operación. En esta ocasión, durante la mesa de trabajo “Paquete Fiscal”, los titulares coincidieron en la urgencia de recibir más recursos para evitar un colapso de las instituciones.
La Comisión de Presupuesto del Congreso local ha escuchado las demandas, pero el panorama sigue siendo incierto. Los ajustes presupuestales requerirían no solo un cambio en la asignación de recursos, sino también una revisión de las prioridades del gobierno estatal para garantizar el funcionamiento adecuado de los organismos autónomos.
Reducción Presupuestal: ¿Cómo Afecta a los Ciudadanos?
La posible crisis financiera en los organismos autónomos tiene un impacto directo en los ciudadanos. La falta de recursos compromete la impartición de justicia, la transparencia en el uso de recursos públicos y el respeto a los derechos humanos. Además, pone en riesgo la organización de procesos electorales, fundamentales para la democracia en el estado.
Ante este panorama, los organismos han solicitado al gobierno estatal y al Congreso local que reconsideren sus propuestas presupuestales para 2025. Sin un ajuste, advierten, la crisis financiera será inminente y las consecuencias afectarán tanto a las instituciones como a la población en general.
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