El caso de una familia tzotzil en Nuevo León ha desatado una ola de críticas hacia el DIF estatal y la Fiscalía General, luego de que ambas instituciones retuvieran a dos niños bajo sospechas de trata de personas. A pesar de que una prueba de ADN confirmó el parentesco con sus padres, los menores siguen separados de su familia. La situación ha sido calificada por activistas como un ejemplo de discriminación institucional y de maltrato hacia comunidades indígenas que ya enfrentan una histórica marginación.
La denuncia pública fue encabezada por la activista y ex Secretaria de Participación Ciudadana, Ximena Peredo, quien a través de un video explicó cómo la familia fue tratada como sospechosa sin contar con pruebas claras, únicamente porque los padres no tenían actas de nacimiento que acreditaran el vínculo con los pequeños.
Prueba genética confirmó parentesco
La polémica surgió tras la detención de la familia el pasado 3 de julio, cuando la Fiscalía y el DIF separaron a los menores argumentando la falta de documentos oficiales. De acuerdo con la versión de Peredo, la presión de activistas y de la sociedad civil obligó a que las autoridades realizaran un examen genético para aclarar el caso.
El resultado del estudio fue contundente: el niño y la niña, de apenas dos años, sí son hijos biológicos de la pareja tzotzil. Sin embargo, en lugar de restituirlos de inmediato con su familia, el DIF Nuevo León decidió mantenerlos bajo custodia argumentando que se deben cumplir dos requisitos adicionales: contar con actas de nacimiento y comprobar que la vivienda familiar tenga las condiciones adecuadas para recibirlos.
La decisión ha generado indignación entre colectivos y ciudadanos, quienes consideran que las instituciones están revictimizando a la familia. “Pensamos que, al confirmarse el parentesco, los niños serían devueltos sin más obstáculos, pero no fue así”, declaró Peredo.
Daño moral y falta de disculpas
Uno de los puntos más señalados por activistas es el daño moral que esta experiencia ha causado tanto a los padres como a los menores. Al ser tratados como presuntos delincuentes y acusados de trata, la familia tzotzil sufrió un fuerte estigma social.
La activista subrayó que, pese al error institucional, ninguna autoridad ha ofrecido disculpas públicas. Por el contrario, se han impuesto nuevas condiciones que prolongan la separación familiar. “¿Cómo se va a reparar el daño a los padres, que fueron criminalizados, y a los pequeños, que fueron sacados de su entorno sin comprender lo que pasaba?”, cuestionó Peredo.
Además, se ha señalado la ausencia de una base legal clara para retener a los menores. Abogados consultados por organizaciones civiles sostienen que el DIF no ha explicado bajo qué figura jurídica se tomó la decisión de mantener a los niños separados de sus padres, lo que incrementa la percepción de arbitrariedad.
Organismos civiles defensores de derechos humanos y de la infancia cuestionaron ayer la actuación de la Fiscalía General de Justicia y de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, al anunciar la desarticulación de una “red de trata” que resultó no ser tal.
— Claudia Ferriño (@ferrinoNoticias) August 9, 2025
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Contexto de discriminación a comunidades indígenas
El caso ha encendido las alarmas sobre cómo se trata en Nuevo León a las familias indígenas, particularmente a las comunidades tzotziles provenientes de Chiapas que han migrado al estado en busca de mejores oportunidades.
Peredo destacó que en algunas regiones indígenas el acta de nacimiento no tiene la misma relevancia que en otros contextos, ya que históricamente el Estado mexicano no ha garantizado servicios ni derechos básicos a esas comunidades. La falta de documentos oficiales, en muchos casos, es consecuencia de esa exclusión estructural.
La activista denunció que actualmente se llevan a cabo redadas contra familias tzotziles en distintos puntos de la ciudad. “Hoy en Nuevo León hay persecución: se calcula que al menos 30 niños han sido detenidos porque las autoridades sospecharon de ellos simplemente por estar en la calle”, declaró.
La organización Zihuame Mochilla, que trabaja en la defensa de mujeres indígenas, ha acompañado de cerca a los padres de los menores, denunciando que el trato hacia la comunidad no solo es un tema administrativo, sino una muestra de discriminación cultural y social que profundiza la marginación.
El trasfondo de la polémica
El caso ha puesto sobre la mesa un debate más amplio: ¿hasta qué punto las instituciones encargadas de la protección infantil pueden incurrir en excesos que terminan por vulnerar a las familias? Mientras el DIF sostiene que actúa bajo protocolos de protección, especialistas señalan que la aplicación de la ley no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la dignidad de los menores.
La situación también plantea cuestionamientos sobre la visión institucional hacia las comunidades indígenas, quienes enfrentan estigmas y prejuicios que pueden derivar en actuaciones desproporcionadas. En este caso, la sospecha de trata de personas se desmoronó con una prueba genética, pero el daño ya estaba hecho.
Diversos colectivos han insistido en que se debe establecer un protocolo intercultural para el trato a comunidades indígenas en Nuevo León, a fin de evitar que las diferencias culturales y administrativas se conviertan en pretexto para vulnerar a las familias.
En paralelo, voces ciudadanas reclaman que el caso no quede impune y que se ofrezca una disculpa pública a la familia afectada, además de garantizar la pronta restitución de los menores con sus padres.
