Los diputados locales han expresado su preocupación por lo que consideran posibles actos de corrupción en el proceso a través del cual el gobierno del estado asignó el arrendamiento de 600 camiones para el transporte público a la empresa Ego Móvil, que, según informes, no registró operaciones durante 19 años. La denuncia surge después de que la empresa obtuviera un contrato por 3,307 millones de pesos en mayo de 2023, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia de la adjudicación.
Investigación sobre posible corrupción y denuncia ante la Auditoría Superior
Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN en el Congreso, expresó que el asunto “huele a algo turbio” y demandó una investigación más a fondo para determinar si existen indicios de un delito. De la Fuente sugirió que la Auditoría Superior del Estado examine la situación para interponer las denuncias pertinentes, subrayando que el gobierno de Samuel García, a pesar de su discurso contra la corrupción, estaría implicado en una posible irregularidad.
Preocupación en Morena y defensa desde Movimiento Ciudadano
Por su parte, Jesús Elizondo, diputado local de Morena, se unió a la demanda de una investigación y declaró que su partido luchará contra la corrupción en el sector del transporte. “Es preocupante que se den estos hechos y en Morena vamos a luchar contra ello”, afirmó Elizondo, asegurando que no permitirán actos corruptos.
En contraste, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), defendió el proceso y descartó que exista alguna irregularidad. Pámanes señaló que la Contraloría del Estado tiene acceso a toda la información necesaria y que no hay motivo para dudar del buen funcionamiento de la empresa.
Contradicciones sobre la legitimidad de la empresa y el uso de los recursos
Ego Móvil, que no presentó actividades comerciales durante casi dos décadas, ha facturado al Instituto de Movilidad estatal al menos 1,312 millones de pesos desde la firma del contrato. Las dudas sobre la legitimidad de la empresa y la asignación del contrato continúan generando controversia entre los legisladores y la sociedad.
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