La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades significativas por 896 millones de pesos en la adquisición de 1,800 camiones por parte del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) en Nuevo León. Estas observaciones, que forman parte de la Cuenta Pública 2023, señalan fallas en contratos de arrendamiento, pagos indebidos y penalizaciones calculadas incorrectamente. Aunque se buscaba modernizar el sistema de transporte, la falta de transparencia y los errores administrativos han provocado desconfianza y reclamos de la ciudadanía.
Contratos modificados en beneficio de proveedores
De los tres contratos firmados, el más polémico fue el de Thousand International Companies (TICSA), encargado del arrendamiento de 800 camiones por un total de 3,936 millones de pesos. Según la ASE, en mayo de 2023 se realizó una modificación indebida que permitió un pago directo al fabricante chino de las unidades, por 46.4 millones de dólares (810 millones de pesos).
Ego Móvil, proveedor de 600 camiones por 3,307 millones de pesos, también fue señalado. Penalizaciones que debieron ser de 47.5 millones de pesos se redujeron a 15.1 millones, favoreciendo al proveedor. Por último, el contrato con Forza Arrendadora Automotriz, para 400 camiones, reflejó observaciones similares que comprometen los recursos públicos.
En total, las modificaciones desventajosas y las fallas administrativas han dejado un impacto financiero significativo. De los 1,216.4 millones de pesos observados, la ASE estima que 933.6 millones podrían recuperarse, pero para ello será necesaria una investigación a fondo.
Pago por kilómetro y aumento disfrazado
El esquema de pago por kilómetro implementado para los transportistas, que pretendía optimizar el sistema de movilidad, ha sido otro punto de controversia. La falta de claridad en los compromisos financieros ha generado incertidumbre. La ASE encontró pagos a cinco empresas por 145.1 millones de pesos sin registros sobre cuándo se generaron esos compromisos.
A esto se suma la reciente reclasificación de rutas, que en la práctica se tradujo en un aumento tarifario para los usuarios. Estas decisiones han incrementado el descontento social, dejando en evidencia la necesidad urgente de reformar y transparentar la gestión del transporte.
