El gobernador de Nuevo León, Samuel García, continúa defendiéndose ante la reprobación ciudadana en la Encuesta Así Vamos 2024. Ante los cuestionamientos sobre la crisis de movilidad y contaminación que atraviesa el estado, García salió a justificar los problemas explicando que el aumento en la población y la preferencia por los vehículos privados son las principales causas. Según el mandatario, esta situación ha generado que el tráfico vial se intensifique, complicando aún más la mejora del sistema de transporte público.
Culpa a los ciudadanos por el caos vial
García, en un video reciente, señaló que el incremento poblacional, especialmente por la migración de otras entidades, ha hecho que el parque vehicular se expanda de manera descontrolada. Alrededor del 70% de la población, según el gobernador, usa vehículos privados, lo que hace insostenible el sistema de transporte público. Además, el mandatario mencionó que el aumento de los tiempos de traslado en transporte público, que han crecido en un 68% desde 2021, también es consecuencia de la “cultura norteña” que prefiere el uso del carro particular.
Lo que García omitió mencionar, sin embargo, fue que muchos ciudadanos se ven obligados a usar su propio automóvil debido a la deficiencia en el servicio de transporte público, el cual es conocido por ser costoso y poco confiable. La falta de inversiones en la infraestructura pública, como una mayor cobertura de rutas o mejores condiciones en los camiones, hace que la opción del transporte privado sea más atractiva para los habitantes de la región.
La falta de soluciones gubernamentales en movilidad
El discurso del gobernador sobre la movilidad y la contaminación deja de lado el papel fundamental que debe jugar el gobierno en la creación de un sistema de transporte público eficiente y accesible. García, en lugar de asumir una responsabilidad activa, prefiere hacer un llamado a la “corresponsabilidad” de los ciudadanos, lo que muchos consideran una evasiva ante la falta de acción gubernamental.
En este contexto, la preferencia por el transporte privado no solo se debe a una cultura personal de los regiomontanos, sino también a la ausencia de políticas públicas que mejoren sustancialmente el transporte público. La falta de regulación en la industria del transporte, la escasez de nuevas inversiones para la mejora de la infraestructura y la nula modernización de los sistemas de transporte público siguen siendo los problemas clave que no se abordan de forma efectiva por el gobierno estatal.
Mientras tanto, los tiempos de traslado siguen aumentando, y el ambiente urbano de Monterrey se ve cada vez más afectado por la congestión vial. A la par de la crisis del transporte, la calidad del aire empeora, lo que agrava aún más el bienestar de los habitantes de la ciudad.
La continua justificación por parte del gobernador de Nuevo León sobre la crisis de movilidad deja entrever una falta de responsabilidad del gobierno ante un tema tan crítico. Aunque se menciona la necesidad de un cambio cultural, no se abordan los problemas estructurales que afectan a la calidad de vida de los regiomontanos. Mientras los ciudadanos siguen atrapados en un sistema de transporte obsoleto y congestionado, las soluciones parecen cada vez más distantes.
En lugar de asumir las fallas del gobierno en cuanto a infraestructura y políticas públicas de movilidad, García se enfoca en culpar a la ciudadanía por sus elecciones de transporte. Sin embargo, la falta de un sistema eficiente y accesible de transporte público, junto con la creciente contaminación y congestión, requiere una acción inmediata y no puede ser simplemente atribuida a la cultura norteña de los regiomontanos.
Nuevo León necesita una estrategia integral que considere tanto el crecimiento urbano como las necesidades de sus habitantes. Es urgente que se invierta en un sistema de transporte público de calidad y que se implementen políticas que reduzcan la dependencia del automóvil privado. Sin esto, el caos vial y la contaminación seguirán siendo problemas que afectarán la vida diaria de los regiomontanos, y el gobierno estatal deberá asumir su responsabilidad en la falta de soluciones efectivas.
