Samuel García ha anunciado la publicación de más de 220 decretos en el Periódico Oficial del Estado (POE), como parte de un intento por avanzar en la resolución de los asuntos pendientes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, la mayoría de los decretos publicados están relacionados con cuentas públicas, mientras que temas cruciales, como la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía, han sido dejados de lado. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno y su compromiso con la transparencia y el equilibrio de poderes.
La falta de publicación de ciertos decretos clave, que podrían reducir el poder del Ejecutivo, ha suscitado preocupaciones en torno al compromiso del gobernador Samuel García con la transparencia y la colaboración entre los poderes. Aunque el gobierno ha justificado la omisión de algunos decretos alegando que se encuentran en revisión o están sujetos a controversias legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto no ha sido suficiente para disipar las dudas de quienes consideran que estas acciones reflejan una selección parcial y estratégica de los temas a abordar.
Prioridades del gobierno estatal
De los 444 decretos pendientes de publicación, el gobierno de Nuevo León ha priorizado la publicación de aquellos relacionados con cuentas públicas y terrenos, mientras que ha dejado fuera asuntos como la transferencia de la UIFE a la Fiscalía. Este último es un tema relevante, ya que implicaría una redistribución significativa de competencias y podría limitar el control del Ejecutivo sobre la investigación de delitos financieros. La omisión de estos decretos ha llevado a críticos y analistas a cuestionar si el gobierno está utilizando su poder de publicación como una herramienta política para mantener el control sobre ciertas áreas estratégicas.
En un intento por justificar la falta de publicación de algunos decretos, la administración estatal ha explicado que varios de ellos presentan observaciones y están siendo objeto de controversias ante la SCJN. Sin embargo, para muchos, estas explicaciones resultan insuficientes, ya que consideran que el gobierno podría estar actuando de manera deliberada para retrasar la transferencia de poder en ciertas áreas clave. Además, esta situación pone en evidencia la falta de un verdadero diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, a pesar de los avances que se han mencionado en materia de comunicación entre ambos poderes.
Reacciones entre Samuel García y el Poder Legislativo
El anuncio de la publicación de los decretos ha generado diversas reacciones en el Congreso de Nuevo León. Mientras algunos legisladores reconocen que la publicación de más de 220 decretos representa un avance, otros consideran que el gobierno está evadiendo su responsabilidad al no incluir temas cruciales como la transferencia de la UIFE. La falta de acción en estos asuntos ha provocado que algunos diputados cuestionen la voluntad del gobernador de trabajar en conjunto con el Congreso para abordar los problemas que afectan al estado.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no es nueva, pero la selección de los decretos publicados y la omisión de otros que podrían limitar el poder del gobernador han intensificado el debate sobre la falta de equilibrio entre ambos poderes. Los legisladores han pedido mayor transparencia y un compromiso real por parte del Ejecutivo para publicar todos los decretos pendientes, incluyendo aquellos que podrían implicar una redistribución de competencias y un fortalecimiento de la Fiscalía en la investigación de delitos financieros.
