En los primeros tres años de la administración de Samuel García, Nuevo León ha registrado un preocupante incremento en los delitos de alto impacto, especialmente en homicidios y feminicidios. A pesar de los esfuerzos financieros invertidos en seguridad, las cifras evidencian un deterioro en este rubro.
Preocupante aumento en homicidios y feminicidios
De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Nuevo León ha destinado un total de 20 mil 419 millones de pesos a un Plan Integral para Reconstruir la Seguridad. Sin embargo, a pesar de esta inversión significativa, la entidad se encuentra posicionada como una de las más afectadas por delitos graves, tales como los homicidios dolosos y los feminicidios.
El periodo comprendido entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 ha sido especialmente preocupante. Durante estos 12 meses, se registraron 1,608 denuncias por homicidios dolosos, cifra que convierte a este año en el más violento desde que inició el mandato de García, y el tercero más alto en los últimos 15 años.
El acumulado de los primeros 35 meses de su gobierno arroja un total de 4,125 denuncias de homicidio, lo que representa el 89% del total de homicidios registrados durante toda la administración de su predecesor, Jaime Rodríguez Calderón. Además, en el año 2024, Nuevo León ha encabezado el conteo diario de muertes violentas en 30 ocasiones, y a nivel nacional, ocupa el quinto lugar en cuanto a homicidios dolosos.
En cuanto a los feminicidios, el estado también muestra cifras alarmantes. Durante el periodo señalado, se reportaron 69 casos de feminicidio, lo que posiciona a Nuevo León como líder a nivel nacional en este rubro, y como el segundo año más violento del sexenio en cuanto a este tipo de delito. Estas estadísticas son un reflejo preocupante de la violencia de género que persiste en la entidad, a pesar de los esfuerzos institucionales para frenarla.
Incremento alarmante en extorsiones
Otro delito que ha mostrado un incremento preocupante es la extorsión. Durante el mismo periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, se presentaron 813 denuncias por este delito, lo que constituye la cifra más alta registrada en los últimos 15 años.
Este incremento es parte de una tendencia creciente que ha marcado los primeros tres años de la administración de Samuel García, durante los cuales se han reportado un total de 2,347 denuncias por extorsión. Esta cifra es considerablemente superior a las 1,800 denuncias presentadas durante todo el mandato de Jaime Rodríguez, y mucho más elevada que las 255 denuncias que se registraron durante la administración anterior de Rodrigo Medina.
El incremento en las denuncias por extorsión refleja un creciente nivel de vulnerabilidad entre la población y una sensación de impunidad que ha permitido a estos delitos prosperar. Este fenómeno también puede estar relacionado con la falta de coordinación entre las distintas instancias de gobierno encargadas de la seguridad, y con el escaso enfoque preventivo que se ha implementado hasta el momento.
Falta de coordinación y prevención en la estrategia de seguridad
Nuevo León ha tenido que lidiar con niveles significativos de delincuencia en el pasado, pero una de las diferencias clave entre la situación actual y la de años anteriores es la falta de una coordinación eficaz entre los diferentes niveles de gobierno. A principios de la década de 2010, la colaboración entre la Federación, el estado y los municipios permitió contener el crecimiento de la criminalidad en la región. No obstante, actualmente, esa misma coordinación parece haber disminuido, lo que ha permitido que los delitos de alto impacto, como homicidios, feminicidios y extorsiones, sigan aumentando.
Otro factor importante que ha contribuido a la situación de violencia en el estado es la falta de inversión en prevención social de la violencia. Según los datos disponibles, menos del 3% del presupuesto estatal destinado a la seguridad se invierte en medidas de prevención. En lugar de ello, la mayor parte del gasto se ha dirigido a la adquisición de cuarteles, helicópteros, patrullas y otros recursos materiales, lo que refleja un enfoque más reactivo que preventivo.
Este enfoque de seguridad reactivo ha llevado a un aumento en los índices de violencia familiar, que han superado las 20 mil denuncias anuales. Las cifras demuestran que, si bien se han implementado medidas para mejorar la capacidad de respuesta ante los delitos, se ha descuidado la importancia de atacar las raíces del problema. La falta de un enfoque integral de prevención ha permitido que la violencia en los hogares y las comunidades siga aumentando, afectando gravemente a la sociedad.
Urgente necesidad de una nueva estrategia de seguridad
Ante esta preocupante situación, es esencial que los próximos tres años de gobierno se enfoquen en desarrollar una estrategia de seguridad más efectiva, que incluya medidas específicas de prevención y una mejor coordinación entre las distintas instancias de gobierno. La prevención debe convertirse en una prioridad central para poder reducir de manera sostenida los índices de violencia en la entidad.
Para ello, es necesario que el gobierno de Samuel García implemente una serie de cambios profundos en su enfoque de seguridad. En primer lugar, será fundamental aumentar significativamente el presupuesto destinado a la prevención social de la violencia. Esto implica no solo incrementar los recursos financieros, sino también formar y capacitar a un mayor número de personal especializado en estas tareas. Contar con equipos multidisciplinarios que trabajen en la prevención del delito permitirá atacar las causas subyacentes de la violencia, antes de que se traduzcan en delitos de alto impacto.
En segundo lugar, será imprescindible retomar la coordinación intergubernamental entre el gobierno federal, estatal y municipal. La colaboración entre estos tres niveles de gobierno resultó ser clave en el pasado para reducir los índices de violencia en Nuevo León, y es necesario que se vuelva a fortalecer esta relación.
Finalmente, será esencial implementar el uso de tecnologías avanzadas y análisis de datos para desarrollar una estrategia de inteligencia policial más eficaz. El uso de datos permitirá a las autoridades identificar patrones de comportamiento delictivo, anticipar posibles riesgos y mejorar la eficacia de las respuestas. Este enfoque basado en la inteligencia debe ser complementado con una mayor capacitación de las fuerzas policiales y el uso de tecnologías que fortalezcan las capacidades operativas de las autoridades.
