La Suprema Corte de Justicia declaró como infundada la controversia presentada por el Gobernador Samuel García, quien intentaba impedir que el Poder Judicial asumiera el control de la Defensoría Pública.
Con un resultado de tres votos a favor y dos en contra, los Ministros de la Primera Sala confirmaron la controversia 276/2023 del Ejecutivo estatal y validaron dos acuerdos del Consejo de la Judicatura que habían sido impugnados por el gobierno.
Designa a titular del Instituto de la Defensoría Pública
Los acuerdos validados incluyen la designación de Luis Alberto García Alcántar como titular del Instituto de la Defensoría Pública y la determinación de la sede del Poder Judicial del Estado como el nuevo domicilio del Instituto.
Esta resolución reafirma que el Poder Judicial tiene la titularidad de la Defensoría Pública. “Se declara infundada la controversia constitucional y se reconoce la validez de los oficios y acuerdos impugnados”, comunicó la Corte.
No podrán impugnar la decisión de la Corte
Asimismo, se indicó que esta decisión es definitiva y no puede ser impugnada, lo que implica que el Estado deberá asignar el presupuesto de la Defensoría al Consejo de la Judicatura.
El 22 de febrero de 2023, en el contexto de tensiones entre el Gobernador y los partidos PRI y PAN, el Congreso aprobó reformas que trasladaron el Instituto al Poder Judicial, lo que originó el conflicto legal.
Se intentó contactar al Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, quien mencionó que el Ministro Jorge Pardo había señalado la invalidez de los decretos por falta de requisitos legislativos, pero evitó pronunciarse sobre el fallo emitido ayer.
