El gobernador de Nuevo León, Samuel García, generó controversia al vetar el aumento en los valores catastrales propuesto por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Según García, el incremento de hasta un 30% es “desproporcionado” y afectaría a los regiomontanos en un momento económico complicado. Sin embargo, su decisión ha sido cuestionada debido a que en 2021 aprobó un aumento más significativo solicitado por Luis Donaldo Colosio, entonces alcalde emecista.
Contraste con decisiones anteriores de Samuel García
En 2021, el gobierno de García dio luz verde a un ajuste en los valores catastrales que alcanzó hasta un 50% en algunas zonas, un cambio que no enfrentó objeciones por parte del Ejecutivo estatal.
Por el contrario, la propuesta actual, que implica un incremento promedio del 30%, ha sido vetada bajo el argumento de que perjudicaría a los ciudadanos. Este contraste ha generado dudas sobre la imparcialidad del Gobernador y si las diferencias políticas entre García, de Movimiento Ciudadano, y De la Garza, del PRI, están influyendo en su decisión.
¿Un veto con motivación política?
Críticos del Gobernador han señalado que el veto al alza catastral podría responder más a razones políticas que a criterios técnicos. Mientras que Luis Donaldo Colosio comparte afinidad partidista con García, Adrián de la Garza pertenece al PRI, un partido de oposición. Esto ha llevado a especulaciones sobre si la decisión está motivada por las tensiones entre ambos líderes, más que por un análisis objetivo del impacto económico.
Además, el veto se dio fuera del plazo estipulado para hacerlo, lo que ha añadido más cuestionamientos a la decisión. Según algunos legisladores, si el rechazo se basara en argumentos técnicos, habría sido emitido en tiempo y forma, evitando la percepción de que se trata de una medida política.
Reacciones y críticas al veto de Samuel García
Adrián de la Garza y otros actores políticos han cuestionado la postura del Gobernador. Desde la oposición, se ha señalado que las acciones de García son inconsistentes y generan incertidumbre para los ciudadanos.
Por su parte, líderes opositores, calificaron el veto como una estrategia para desviar la atención de otros problemas y señaló que la decisión es una “caja china” que refleja la tensión entre el gobierno estatal y municipal.
Impacto en los regiomontanos
El conflicto por los valores catastrales y el pago del predial ha puesto en evidencia las tensiones políticas en Nuevo León, donde las diferencias partidistas parecen estar influyendo en decisiones clave. Mientras tanto, los ciudadanos de Monterrey observan con preocupación cómo estas disputas afectan las políticas públicas que impactan directamente en sus finanzas y en la gestión de recursos municipales.
El futuro de la propuesta de aumento catastral queda en manos del Congreso local, que ahora deberá decidir si mantiene el veto del Gobernador o aprueba el ajuste solicitado por el alcalde. En un estado donde la dinámica política juega un papel crucial en las decisiones de gobierno, el desenlace de este conflicto será determinante para el rumbo de la relación entre ambas administraciones.
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